Rivarés, ha destacado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) sobre la revisión de precios de la anterior contrata de autobús urbano (TUZSA) "sienta un precedente" para el resto de ayuntamientos de España.

Rivarés ha explicado que la sentencia precisa que "el aumento del coste de la mano de obra no es imputable al ayuntamiento, sino que lo tiene que asumir la contrata que es la que presta el servicio y tiene

que atender a lo que dicen los pliegos".

A su parecer, "no es razonable que un ayuntamiento firme la prestación de un servicio con una contrata y al día siguiente suba un 9 por ciento porque se computa la mano de obra y la sentencia dice que eso no puede ser así y da la razón al ayuntamiento".

Tras el fallo del TSJA, que no es recurrible, el consistorio, en lugar de pagar los cerca de 50 millones que pedía la empresa, tendría que hacer frente al pago de entre 11 y 15 millones de euros, en concepto de la revisión de precios del servicio desde 2009 a 2013 más los intereses generados.

AMINORAR INTERESES

Rivarés ha expuesto que si el Ayuntamiento "en su día hubiera pagado los 11 millones de la parte en la que se estaba de acuerdo con la empresa, ahora la sentencia sería más favorable porque no se tendría en cuenta en el cómputo total de los intereses".

En este sentido, ha recalcado que "ante una diferencia de criterio siempre defenderé pagar la parte en la que hay acuerdo y dejar el pleito para lo que hay descuerdo y así evitar el incremento que suponen los intereses".

Rivarés ha reconocido que la "consecuencia negativa" de la sentencia es que al tener que pagar entre 11 y 15 millones "aumenta la deuda del Ayuntamiento", pero ha precisado que los 256 millones de euros de deuda del 2013 correspondiente al tranvía que "Hacienda imputa entre 2015 y 2016 desparecerá en 2017 porque es solo a efectos contables y

por decisión política", ha zanjado.

Por último, se ha mostrado partidario de acogerse al Plan Impulso

del Ministerio de Hacienda para hacer frente al pago de las sentencias condenatorias al Ayuntamiento de Zaragoza, ya que a esta se suma la del Tribunal Supremo (TS), por la que deberá abonar 7,3 millones de euros al club 'Tiro Pichón' de La Almozara por la valoración en la expropiación de unos terrenos en 2007 para acometer el Plan de Riberas derivado de la Expo 2008.