Según ha informado el TSJCM en un comunicado, la decisión de la Sala de lo Civil y Penal, a través de un auto, se produce después de que se haya intentado, en cuatro ocasiones y con resultado negativo, la citación personal del magistrado en su domicilio los días 14, 15 y 29 de abril, así como el 2 de mayo. El juicio al que se le ha citado se enmarca en el Procedimiento Abreviado 1/2016 que se tramita en la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal, y para el que se ha fijado fecha de celebración el próximo 13 de mayo.

El auto señala que, junto a estas citaciones, la Sala ha ordenado la averiguación del domicilio de Fernando Presencia, que se encuentra suspendido provisionalmente de sus funciones, habiendo reiterado el representante legal del magistrado que la dirección que constaba en la Sala a efectos de citación es correcta.

Se le ha requerido también, a través de su representación legal, para que comparezca ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJCM para recibir de forma personal dicha citación.

Ante los reiterados intentos con resultado negativo, la Sala de lo Civil y Penal, a través de Providencia de fecha 22 de abril de 2016, solicitó tanto del Ministerio Fiscal como de la defensa de Fernando Presencia oír sus alegaciones sobre la pertinencia de adopción de la busca y presentación del magistrado para ser citado al juicio, a lo que la defensa respondió presentando escrito en el que se reiteraba el domicilio del acusado a efectos de citación.

El Ministerio Fiscal, por su parte presentó escrito en el que solicitaba se acordara busca y presentación del magistrado ante el juzgado más próximo a fin de proceder a la citación personal.

Dicha citación personal -que ya se ha producido este jueves- es preceptiva, según establece el artículo 784.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debido a las penas que se solicitan provisionalmente al magistrado (18 meses de multa y la inhabilitación especial por el tiempo de 15 años para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta), y al no ser posible la celebración del juicio en ausencia del acusado (art. 786.1 LECrim).

PREVARICACIÓN JUDICIAL

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) anunció en frebrero de este año la apertura de juicio oral contra el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina (Toledo), Fernando Presencia Crespo, por un presunto delito de presunta "prevaricación judicial" en un caso de atropello de un peatón y posterior fuga.

El TSJCM apuntaba al presunto delito cometido por el juez durante la tramitación en su juzgado de unas diligencias previas abiertas por "delitos de lesiones imprudentes y omisión del deber de socorro en las que estaba imputada una persona" tras el atropello de un peatón.

En este sentido, consideraba que "en el curso de la diligencia de toma de declaración del imputado", el juez "procedió a un auto oral de sobreseimiento provisional en relación con el delito de omisión del deber de socorro y de sobreseimiento libre y de transformación a falta por las lesiones imprudentes".

Según el fiscal, el magistrado dictó dicha resolución "anómala por su forma oral carente de cobertura legal, además de innecesaria en ese momento, y por tanto prematura, sin oír a las partes acusadoras y sin practicar diligencias indispensables para el conocimiento cabal de los hechos".

Por ello, el auto dice que no se practicaron las diligencias de investigación oportunas como la declaración de un testigo, la solicitud de un informe forense o el conocimiento del atestado de la Policía Local.

Además, señala la Fiscalía que "tal resolución era contraria a derecho, de lo que era consciente el acusado", ya que "renunció a practicar cualquier diligencia de averiguación o comprobación, sin dar explicación alguna de la razón de no practicarlas y con el único propósito de favorecer al imputado, con el que mantenía una estrecha relación de camadería o amistad".

A este respecto, la Fiscalía defiende que "el auto escrito dictado por el querellado al día siguiente, en forma escrita y con el mismo contenido" y que fue revocado por la Audiencia Provincial de Toledo, "no elimina la injusticia de aquella resolución oral".

Por ello, la Fiscalía ha solicitado para el juez Fernando Presencia Crespo una pena de 18 meses de multa, y la inhabilitación especial por el tiempo de 15 años para el cargo de juez o magistrado, "con pérdida definitiva del cargo que ostenta".