El tribunal que juzga el caso Nóos ha respaldado la presencia de Manos Limpias en la causa al desestimar la petición de la defensa de Diego Torres a las juezas de que comprobaran la veracidad del acta con la que el sindicato se personó.
La presidenta del tribunal, Samantha Torres, ha anunciado la tarde de este miércoles que no ha lugar a atender el requerimiento de Torres porque ya constan los poderes y documentos que sirvieron al juzgado de instrucción para aprobar la personación de "la parte cuya expulsión se pretende".
La jueza ha recalcado que no hay ningún procedimiento judicial en el que se haya declarado la falsedad o inexistencia del acta de la junta directiva que Manos Limpias aportó para avalar su personación en la causa.
Además, Manos Limpias tampoco ha informado al tribunal de "circunstancia alguna que pudiera constituir un óbice concernido a su personación en la presente causa", ha asegurado la jueza.
Legitimidad de Manos Limpias
Con la decisión, el tribunal de Nóos confirma la legitimidad de Manos Limpias para continuar en el juicio: "En síntesis, el tribunal mantiene la decisión adoptada con ocasión de la inicial pretensión por la misma defensa", ha dicho la presidenta, recordando que Torres ya había pedido la expulsión del sindicato cuando fue detenido su secretario general por presunta extorsión.
La defensa del socio de Iñaki Urdangarin ha presentado un artículo de prensa ante el tribunal, indicando que el acta aportada por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, para certificar que la junta directiva del sindicato había aprobado por unanimidad formular querella y personarse en el caso Nóos no es válida porque la reunión no se celebró.
La abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, ha impugnado esa petición al entender que carece de respaldo procesal. La solicitud había sido respaldada por las defensas de Urdangarin y del exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
En el caso Nóos, Manos Limpias es la única parte que acusa a la infanta Cristina, para quien pide 8 años de prisión como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de su marido Iñaki Urdangarin.
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