El Ayuntamiento de Málaga, a través de Gestrisam, ha embargado dos fincas de dos de las cinco empresas que fueron declaradas responsables subsidiarias de Royal Collections, la promotora del fallido proyecto de Art Natura.

Actualmente, la deuda de Art Natura con el Ayuntamiento de Málaga asciende a 7.654.852 euros -importe principal más recargo de apremio y sin incluir intereses de demora-.

Como en una primera fase no se encontraron bienes ni derechos que embargar a Royal Collections, Gestrisam inició los trámites para declarar responsables subsidiarias a las cinco entidades que forman parte de la agrupación, dos de las cuales son propietarias de las fincas embargadas, que se encuentran fuera del término municipal de Málaga y cuyo valor catastral conjunto suma 287.257,96 euros.

Dichas fincas tienen cargas previas, pero han sido diligenciadas de embargo y sus datos se han remitido a los registros de la propiedad correspondientes al objeto de la inscripción de dicha actuación, según ha informado el Ayuntamiento.

Al tratarse de fincas que se encuentran fuera del término municipal de Málaga, se requiere la colaboración de la Agencia Tributaria estatal para poder enajenarlas.

En este sentido, la junta de gobierno local del pasado 15 de abril aprobó adherirse al convenio de colaboración suscrito entre la Agencia Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la recaudación ejecutiva de los ingresos de derecho público de las corporaciones locales.

Por otra parte, Gestrisam ha remitido escritos a los miembros del consejo rector de Royal Collections solicitándoles colaboración para el cobro de la deuda que la entidad mantiene con el Ayuntamiento. Para ello, se han enviado once notificaciones.

PRESUNTAS CALUMNIAS

El Ayuntamiento de Málaga remitió el pasado febrero a la Fiscalía las afirmaciones que Fulgencio Alcaraz, responsable de Royal Collections, que, precisamente, comparecerá este jueves en la comisión de investigación de Art Natura, dirigió por escrito a los portavoces de los cuatro grupos de la oposición por si fueran constitutivas de delito por su parte.

Ante esto, la Fiscalía abrió diligencias de investigación penal y las remitió al juzgado para que éste inicie, si así lo considera, un procedimiento por presunto delito de calumnias, solicitando, asimismo, que se tome declaración como investigado a Alcaraz.

El 20 de enero de 2014 el Tribunal Supremo inadmitió a trámite la querella presentada por Royal Collections contra el alcalde, Francisco de la Torre, y varios miembros del equipo de gobierno por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y estafa procesal por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno, procediéndose al archivo.

El 6 de febrero de 2015 el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga archivó la querella que en este caso se presentaba contra el concejal de Cultura y un arquitecto municipal por presuntos delitos de apropiación administrativa, falsedad en documento público y privado, estafa o apropiación indebida cometida por autoridad o funcionario público y realización arbitraria de propio derecho.

Esta sentencia fue recurrida ante instancias superiores, pero también perdió: el 4 de diciembre de 2015 la Audiencia Provincial desestimó su recurso de apelación, condenando a la entidad a pagar las costas y subrayando "la actuación procesal notoriamente temeraria" del querellante.

Y es que, según el escrito judicial, "pese a ser perfectamente conocedor de que el Tribunal Supremo había acordado el archivo de una anterior querella contra los querellados por los mismos hechos que aquí nos ocupan, recurrió la fundamentada y certera decisión del juez instructor, dilatando injustificadamente la finalización de un procedimiento que nunca debió haberse iniciado".

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

También el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminó el 11 de abril de 2012 favorablemente sobre la resolución del contrato entre el Ayuntamiento y Royal Collections, dejando claro que ni los pliegos ni el contrato establecieron plazo alguno para la rehabilitación del edificio.

El pliego recoge que "podrán iniciarse las exposiciones y actividades por áreas, en caso de que los edificios estén disponibles por plantas, y el centro se inaugure parcialmente", como ocurrió, aunque no en los términos acordados.

En un auto del 30 de noviembre de 2011 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Málaga negó a Art Natura la suspensión del acuerdo municipal aprobado en la junta de gobierno local del 27 de abril de 2011 por el que se ordenaba el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato entre el Ayuntamiento y Royal Collections.

En otro auto del 9 de enero de 2012 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Málaga rechazó la petición de Art Natura de suspender el acuerdo municipal por el que se disponía la entrega material y formal al adjudicatario del edificio E2 y de la planta alta del E4.

A partir de la notificación de dicho acuerdo municipal, aprobado en la junta de gobierno local del 16 de septiembre de 2011, el Consistorio dio un plazo de 120 días a Royal Collections para el inicio de la actividad expositiva, tal como establecía el pliego de condiciones técnicas del contrato administrativo.

En este momento hay cuatro contenciosos-administrativos en curso sobre Art Natura, tal y como han recordado desde el equipo de gobierno del PP.