En un comunicado, el también portavoz parlamentario afirmó que las alegaciones y críticas recibidas por el anteproyecto de ley aconsejan promover un mayor debate social, al tiempo que avisó de que esta propuesta legislativa "mercadea" con el medio ambiente y con el territorio en contra de los intereses generales de las islas.

Rodríguez llamó la atención sobre las organizaciones sociales y ambientalistas, como la Fundación César Manrique, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en Canarias (COAG), Ben Magec, Turcon y el movimiento cívico Salvar Canarias; además de instituciones como el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos a través de la Fecam, "que han alertado sobre las consecuencias del citado anteproyecto de ley".

"El sentido crítico de las alegaciones presentadas y opiniones expresadas aconsejan que se amplíe el periodo de exposición pública de un texto que se ha hecho en un despacho, de espaldas a los ciudadanos y con el que nos jugamos el proyecto común y el futuro de Canarias", dijo.

Para el diputado regional, se trata de una de las propuestas legislativas más importantes que se van a tramitar en la actual legislatura por lo que, dada su incidencia en el desarrollo territorial, medioambiental y económico de las islas, insistió en la necesidad de "promover un mayor" debate social.

"Se va conformando una opinión crítica en las formas y en el fondo cuando se ha conocido el texto, que ha dejado en evidencia a Clavijo y a su propaganda y estrategia simplista", denunció Rodríguez.

Además, el presidente de NC mantuvo que este anteproyecto de ley, como la reforma de la norma turística también promovida por el presidente del Gobierno, son una "apuesta por un modelo desarrollista, que aniquila el trabajo de décadas" por la preservación del territorio, el medio ambiente y por un proyecto común de Canarias.

"Cada uno de los 88 municipios y siete cabildos -continuó- decidirá su propuesta porque el Ejecutivo renuncia a sus competencias en la materia. Se trasladan todas las responsabilidades a las administraciones locales cuando, en la actualidad y con menos competencias, muchos municipios de las islas necesitan del Gobierno para redactar sus planes generales".

Finalmente expuso que las consecuencias son que "no habrá una simplificación administrativa, que se provocará una mayor inseguridad jurídica y un incremento de los litigios judiciales."