Los principios de esos acuerdos parten del compromiso del Ayuntamiento de presentar una propuesta de ordenación para balizar el espacio conforme a los criterios expuestos, teniendo en cuenta la preeminencia de los vecinos de la zona, la historia y tradición de las actividades náuticas, la posibilidad o imposibilidad de alternativas, y la no discriminación respecto a otros núcleos costeros.

Asimismo, según el texto aprobado, la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife paralizará cualquier actuación administrativa o sancionadora, hasta tanto esta propuesta sea presentada por el Ayuntamiento y estudiada por la Dirección General de Costas, que, como administración competente, será la que apruebe dicho proyecto para su posterior ejecución.