La petición para que se declare causa compleja se hace al considerar que la investigación "no va a poder ser completada en el plazo estipulado", tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según consta en una providencia de la tercera pieza del caso, a la que ha tenido acceso Europa Press. La instructora da traslado a las partes para que se pronuncien sobre esto.

Esta causa se dividió en tres piezas. En la parte primera y principal se investigan supuestas irregularidades en la contratación laboral desde 2007, las cuales en algunos casos tendrían vinculación con responsables municipales o de IU, formación a la que pertenecía la exalcaldesa Antonia Muñoz, principal investigada en este caso, junto a otros exconcejales y actuales ediles.

A juicio de los investigadores, con las comprobaciones realizadas a través del análisis de documentos y de informes municipales, "se llega a la conclusión de que existen indicios racionales que hacen sospechar que se ha realizado un considerable número de contratos de trabajo que, al parecer, han sido formalizados sin tener en cuenta los preceptos legales".

La tercera pieza separada de la causa es en la que se analiza el supuesto trasvase de fondos del Ayuntamiento a varias entidades municipales, así como la gestión y los procedimientos seguidos para ello y el empleo del dinero. En este caso, se investigan, inicialmente, presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales.

De hecho, en esta parte, la magistrada instructora acordó tomar declaración el próximo 24 de mayo a varias personas como investigadas. Entre los citados están, además de Antonia Muñoz, tres ediles ahora en la oposición, dos exconcejales, un asesor jurídico contratado por la entonces alcaldesa y la hija de ésta.

En lo que respecta a la segunda pieza separada, en la que declaró como investigado el actual alcalde socialista, Diego José Jiménez, se encuentra en otra fase más avanzada de tramitación, por lo que no precisa más tiempo de investigación, sino que está pendiente de que la Audiencia de Málaga resuelva varios recursos presentados por las defensas de los investigados.

En esta segunda pieza, se investiga la adjudicación de 2007 a 2011 de contratos a personas con vínculos familiares a la exregidora, como el marido; en concreto, el pago de facturas por la ejecución de obras y servicios "en las que no se han cumplido los requisitos exigidos por la normativa aplicable al procedimiento de adjudicación". Esas facturas se aprobaron en juntas de gobierno local.

La defensa del regidor pidió el archivo de la causa, al considerar que los hechos carecen de transcendencia penal; pero la jueza rechazó sacarlo del proceso en ese momento, basándose en "la existencia de indicios racionales", apuntando que habría votado a favor de facturas a empresas vinculadas a la exalcaldesa Antonia Muñoz", en junta de gobierno local, "sin que se hayan cumplido los requisitos".

El pasado mes de febrero, la Audiencia malagueña, según se señala en el auto al que ha tenido acceso Europa Press, desestimó el recurso de apelación presentado por la defensa del alcalde, al entender que "lo argumentado en la resolución recurrida no resulta contradicho en base a las manifestaciones del recurrente".