Según ha indicado la Diputación en una nota, estas son algunas decisiones adoptadas en el consejo de administración de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, que "confirman la recuperación de la Institución Provincial como promotora pública para resolver demandas de vivienda protegida".

En este sentido, ha recordado que en el presente mes de abril se han presentado en los ayuntamientos de Vejer y Benalup Casas Viejas los anejos técnicos que permitirán validar la calificación de vivienda protegida en dos promociones proyectadas en estos municipios de La Janda. En concreto, se construirán 32 viviendas en Vejer y 40, a través de dos fases, en Benalup.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Irene García (PSOE), ha valorado la "recuperación de un servicio público esencial". "Estamos obligados a dar soluciones a centenares de familias que, por sus limitados ingresos, no tienen acceso a las promociones de renta libre", ha manifestado García, que ha añadido que "la Diputación tiene que ser útil y sensible para solventar este problema social en cooperación con los ayuntamientos, ya sea construyendo viviendas o rehabilitando pisos".

El proyecto de El Gastor se plantea en un solar municipal localizado en la calle Emigrante, esquina con calle Fresnadilla. La parcela tiene una superficie cercana a los 370 metros cuadrados que serán la base de cuatro unifamiliares.

Por su parte, en San Roque se contempla una iniciativa en el centro de la localidad con la rehabilitación de dos fincas antiguas, así como otra en un solar de Estación de San Roque donde se erigirán cinco unifamiliares.

La promoción con mayor número de viviendas, de las aprobadas por el consejo de administración de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo, es la de Algar, que plantea 18 viviendas protegidas, como unifamiliares adosadas, en la calle Doctor Pérez Fabra.

Además, en el consejo de administración también se ha aprobado el desarrollo de una auditoría energética en Villamartín, concretamente en las once viviendas del antiguo matadero, con lo que se pretende determinar el grado de pobreza energética de estos pisos, sujetos a un alquiler social. El objetivo final consiste en aplicar las soluciones técnicas precisas para alcanzar unos consumos eficientes, para reducir los costes para los inquilinos sin merma en la calidad del servicio.