Bruselas abre expediente a España por su legislación sobre ejecuciones hipotecarias

  • El Ejecutivo comunitario ha enviado a España una carta de emplazamiento (primera fase del procedimiento de infracción comunitario).
  • Amenaza con enviar un dictámen motivado en caso de no recibir una respuesta satisfactoria en este ámbito en el plazo de dos meses.
  • Pide a España que adapte a la legislación comunitaria su normativa  sobre el procedimiento civil que regula la ejecución y las órdenes de pago.
Fachada del edificio de la Comisión Europea en Bruselas.
Fachada del edificio de la Comisión Europea en Bruselas.
GTRES

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España para que adapte a la legislación comunitaria su normativa nacional sobre el procedimiento civil que regula la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago.

El Ejecutivo comunitario envió a España una carta de emplazamiento (primera fase del procedimiento de infracción comunitario) y amenazó con enviarle un dictámen motivado en caso de no recibir una respuesta satisfactoria en este ámbito en el plazo de dos meses, según un comunicado de la institución.

Aunque la CE valoró las modificaciones que introdujeron las autoridades españolas en el procedimiento civil a raíz de la sentencia bautizada con el nombre del demandante, Mohamed Aziz, después de que el tribunal de Luxemburgo declarara abusivas en marzo de 2013 las cláusulas hipotecarias españolas, señaló que le siguen preocupando "algunas cuestiones".

El Ejecutivo comunitario precisó que su objetivo es "garantizar que los consumidores estén plenamente protegidos contra las cláusulas contractuales abusivas". La directiva relativa a las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores garantiza que el consumidor no quede vinculado por cláusulas abusivas cuando el contrato no haya sido negociado individualmente.

Una cláusula contractual se considera abusiva si causa un desequilibrio importante entre derechos y obligaciones de las partes y es contraria a las exigencias de la buena fe. Los Estados miembros deben asegurarse de que sus leyes nacionales facilitan los medios efectivos para hacer valer estos derechos y que las empresas dejan de recurrir a tales cláusulas abusivas.

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