El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva ha desestimado los recursos interpuestos por los ayuntamientos de Bollullos Par del Condado y La Palma del Condado, que se negaban a asumir los costes laborales que han supuesto para Giahsa los despidos del personal que estos dos municipios no quisieron subrogar tras la disolución de la Mancomunidad del Condado (MAC). Unos trabajadores que ascienden a 23.

De esta forma, deberán abonar un total de 925.750,13 euros, correspondientes a las indemnizaciones abonadas al total de estos trabajadores, que ya pagó Giahsa. A Bollullos le corresponde pagar 652.979,05 euros por los nueve trabajadores del ciclo integral del agua y seis de la recogida de residuos y otros 227.77,06 euros a La Palma por los nueve empleados del servicio de aguas de localidad palmerina.

Las dos sentencias judiciales, a las que ha tenido acceso Europa Press, señalan que el hecho de que tanto Bollullos como la Palma decidieran no aceptar la subrogación de trabajadores que se había establecido en los acuerdos de liquidación de la antigua Mancomunidad de Aguas del Condado es la base de este conflicto.

Del mismo modo, cabe recordar que en sucesivas sentencias, los órganos judiciales en el ámbito de lo social determinaron que estos trabajadores debían ser indemnizados por despido o readmitidos por Giahsa, pero finalmente el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Huelva da la razón a Giahsa, ha desestimado los recursos y considera que las indemnizaciones laborales forman parte de las deudas de liquidación de la Mancomunidad del Condado.

Estas sentencias, ambas muy similares, recogen la pretensión de lo que la Mancomunidad de Servicios (MAS) considera "un acto de estricta justicia", orientado a "hacer recaer sobre un ayuntamiento absolutamente insolidario con el resto de los otros ayuntamientos integrantes de la MAC, las consecuencias de un incumplimiento palmario de las obligaciones derivadas del reparto del patrimonio, de las obligaciones de los derechos de esta entidad, una vez que la misma acordó disolverse y se liquidó".

Del mismo modo, en su argumentación, la Mancomunidad de Servicios (sucesora en este caso de la Mancomunidad de Aguas del Condado) sostiene que, con independencia del sentido de las sentencias de los tribunales del orden social, que enjuiciaron la cuestión desde la perspectiva estrictamente laboral, en la medida que estos dos ayuntamientos se negaron a asumir los trabajadores generaron "el nacimiento de las obligaciones económicas que hoy se reclaman", en lo que se califica como "mala fe, pues hizo que el coste de los despidos recayese sobre el resto de los Ayuntamientos".

Las sentencias entienden que los acuerdos de disolución de la MAC hacían "referencia a las consecuencias que puedan derivarse de los distintos procesos laborales y gastos judiciales derivados de los mismos", de ahí que el coste al que Giahsa ha tenido que hacer frente, y que está compuesto por la indemnizaciones por despido más los correspondientes salarios de tramitación de estos trabajadores, pueda ser repercutido a los ayuntamientos que lo han ocasionado.

Actualmente, se mantienen abiertos en los tribunales distintos litigios entre la Mancomunidad de Servicios y los ayuntamientos que optaron por privatizar o gestionar con medios propios los servicios del ciclo integral del agua y la recogida de residuos. Así, a los de Bollullos y La Palma se suman otros muchos municipios, como Valverde, San Juan del Puerto, Cartaya, Cortegana o Gibraleón, que decidieron salir de la MAS.