La consejera de Servicios y Derechos Sociales del Principado, Pilar Varela, ha defendido este jueves en la Junta General la gestión "ejemplar" que desde la Administración asturiana se hace de los alquileres del parque público de viviendas, señalando que solo uno de los 23 alzamientos registrados en los dos años de legislatura ha sido por impago.

Al respecto, ha querido matizar que dicho caso tuvo un proceso de negociación de más de un año y facilidades para el aplazamiento del pago de la deuda. La consejera ha indicado, igualmente, que en otros diez casos no se estaban ocupando las viviendas y en los doce restantes, los servicios sociales de los ayuntamientos observaron un mal uso y problemas de convivencia.

Así lo ha apuntado durante la sesión de control del pleno de la Cámara en respuesta al diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, quien ha exigido a la consejera que paralice los desahucios en Asturias "porque se lo están pidiendo a otros", en referencia a bancos y Gobierno central.

Para Cuervas-Mons, la actuación del Ejecutivo del socialista Javier Fernández incurre en "contradicción" al pedir a entidades bancarias que frenen los desahucios y se culpe de la situación al Gobierno de Mariano Rajoy, cuando en el parque de viviendas de competencia pública autonómica se producen desahucios.

Además, ha reprochado a la titular de Servicios y Derechos Sociales que desde el Principado hablen de "transparencia" cuando preguntó dos veces por escrito sin respuesta y la información a su tercera petición le llegó esta misma mañana.

"¿Merece la pena echar a alguien a la calle por 4.000 euros de deuda?", se preguntó el diputado del PP, que completó su reflexión apuntando si a estos casos de desahucio se les manda directamente a oficina de información que puso en marcha el Principado. Así, animó a la consejera a "reflexionar" y reclamó que se remita al parlamento la información solicitada por el PP.

Al respecto, Pilar Varela argumentó que todos los casos se estudian de forma individual por plazos no inferiores a un año, siendo la denuncia y el desalojo el último paso. "Quien no cumple sus obligaciones de uso, convivencia, salubridad o pago no puede seguir ocupando un equipamiento público por el que están esperando muchas personas con necesidades de vivienda", ha remarcado la consejera.

Varela también destacó que el 96% de las 9.300 viviendas públicas en Asturias están alquiladas y "nadie paga más del 20% de sus ingresos" por residir en ellas. "Repase si en el resto de comunidades existe esa política", le dijo al diputado del PP, añadiendo que los casos analizados suponen únicamente el 052% del conjunto.

Respecto a las críticas del PP sobre el acceso a la información, Pilar Varela dijo que las primeras peticiones pedían datos personales que no está autorizada a dar, y que la respuesta a la tercera solicitud de información salió de la Consejería el 15 de abril.