La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Crespo, ha afirmado este miércoles que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "pasará a la historia como la peor gestora de las políticas activas de empleo en Andalucía", ya que entre 2013 y 2015, su etapa como presidenta, ha "paralizado" 1.819 millones de euros que no se han ejecutado para estas políticas concretas, por lo que la ha urgido a dar explicaciones en sede parlamentaria.

Los datos, procedentes de la Oficina de Control Presupuestario, revelan que de estos tres ejercicios presupuestarios de 2013 a 2015, se dejaron de ejecutar 642 millones del presupuesto del SAE, el 45 por ciento del crédito definitivo; y 1.177 millones del programa de formación, el 92 por ciento de crédito definitivo, según ha explicado Crespo en rueda de prensa.

Ha indicado que estas políticas se financian mayoritariamente con fondos finalistas procedentes del Estado y de la Unión Europea, y también con recursos propios de la Junta, al tiempo que ha recordado que el gobierno de Díaz ha tenido que devolver 465 millones al Estado para formación de trabajadores "que son de todos los andaluces y que no se han utilizado".

La Junta, según ha relatado, también ha renunciado en 2016 a la financiación europea de la formación para el empleo a través del Fondo Social Europeo por haberse desclasificado -y por tanto cubierto con fondos propios- toda la programación de formación financiada con este fondo en el período 2007 y 2013 por irregularidades y falta de ejecución.

Crespo ha acusado a la presidenta de la Junta de haber "fulminado y dilapidado" las políticas de formación para el empleo, ya que la propia Díaz dijo en el Parlamento el pasado mes de octubre que había dado orden de paralizarlas. A su juicio, esta decisión, "inaudita" en España, supone "suprimir un derecho de los trabajadores reconocido en el artículo 40 de la Constitución Española y en los artículos 26 y 63 del Estatuto de Autonomía".

"Se han perdido derechos durante estos tres años que no se van a volver a recuperar, en la comunidad con más paro de España", ha reiterado la 'popular', al tiempo que ha señalado que esta "suspensión de derechos" se ha hecho "a pesar de que los trabajadores y empresas han seguido pagando las cotizaciones a la Seguridad Social para formación profesional en sus nóminas".

Carmen Crespo ha apuntado además que se han perdido 30.000 empleos en el sector de la formación en Andalucía, consecuencia de la "incapacidad" del gobierno andaluz, por lo que ha enmarcado en el ámbito de la "confrontación" con el Gobierno de la Nación las recurrentes "polémicas" de la Junta a cuenta de la financiación procedente del Estado, ya que "luego no ejecutan lo que tienen".