El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha defendido la labor que ha llevado a cabo al objeto de garantizar que las actuaciones tendentes a la instauración de un almacén de gas en el espacio natural de Doñana y su zona de influencia no impacte negativamente en el entorno.

A pregunta de la diputada de Podemos Mercedes Barranco en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, Fiscal ha vuelto a defender la intención de evaluar el impacto ambiental teniendo en cuenta el efecto acumulativo de los cuatro subproyectos: 'Marismas Occidental', 'Marismas Oriental', 'Aznalcázar' y 'Saladillo', todos con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable realizada por el Estado.

En Andalucía están sometidos a Autorización Ambiental Unificada (AAU): en el caso del proyecto 'Marismas Oriental' fue desfavorable por su afección negativa a este espacio protegido, mientras que 'Aznalcázar' y 'Marismas Occidental' —que no está dentro del espacio natural de Doñana— si contaron con autorizaciones expresas favorables. En el caso de 'Saladillo', tiene AAU convalidada, ya que es anterior a la Ley GICA.

La Junta ha llevado a cabo un "profundo y detallado" análisis del proyecto y sus posibles incidencias, proponiendo las medidas oportunas. Cuando ello no ha sido posible y se entendía que la iniciativa colisionaba con la ley, la Consejería no ha informado favorablemente, sin que ello sea óbice para "seguir ejerciendo la vigilancia".

Barranco, de su lado, ha criticado la existencia de un proyecto "troceado" implementado por "una gran empresa energética cuyo máximo interés es obtener el máximo beneficio a costa del medio natural".

En base a la ocupación de parte del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Doñana, la parlamentaria de la formación morada ha puesto de manifiesto su afección a la naturaleza, así como su "recelo" a las buenas prácticas del Estado, "que solo quiere el beneficio para las grandes empresas".