La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha respondido hoy por carta al escrito remitido por el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, la pasada semana para trasladarle la "oposición" del Ejecutivo de la Comunidad a hacer recortes tras la petición del Gobierno central de la no disposición de 328 millones de euros como consecuencia del incumplimiento del objetivo de déficit en 2015.

Del Olmo ha respondido de este modo a una pregunta planteada ante el Pleno de las Cortes por el procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel, una intervención en la que ha aprovechado para informar del envío de esta resolución por parte de la Junta, un escrito en el que también se recuerda al ministro la "injusta" distribución del déficit entre las autonomías y el Gobierno central y la necesidad de abordar de forma "urgente" la reforma del sistema de financiación autonómica.

Del Olmo ha insistido en que los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2016 se ajustan al objetivo de déficit fijado y garantizan la "senda de la estabilidad" marcada por el Ministerio de Hacienda. Así, ha reseñado que el incumplimiento del déficit durante el pasado año obliga a la Comunidad a aprobar un Plan Económico y Financiero de Reequilibrio y no a la aplicación de medidas adicionales de ingresos y gastos.

"Vamos a apoyar un reparto del objetivo de estabilidad justo, equilibrado y de acuerdo con el gasto público de cada nivel de administración", ha aseverado la consejera.

Por su parte, el procurador de Ciudadanos ha respaldado la defensa de Del Olmo y ha insistido en que el actual modelo de financiación no cubre el gasto social de la Comunidad, al tiempo que ha aseverado además que el ajuste del déficit para las autonomías es "leonino" de acuerdo con el gasto.

"Hay mucho que mejorar en la Comunidad, la estabilidad presupuestaria es necesaria aunque no a costa de recortes del gasto social", ha aseverado Mitadiel, quien ha exigido a la Junta que sea "coherente" y se oponga a cualquier medida que pueda suponer el recorte de un gasto "necesario para la cohesión social".