CaixaBank lanzará una oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria a un precio de 1,113 euros en metálico sobre todas las acciones que no posee en BPI, el 55,9%, lo que supone valorar el banco portugués en 1.662 millones, según ha anunciado este lunes la entidad catalana.

La entidad presidida por Isidro Fainé ha decidido acometer esta operación tras no haber sido posible cerrar un acuerdo satisfactorio con Santoro Finance, el vehículo inversor de Isabel Dos Santos, para resolver los problemas de concentración de riesgos en Angola por parte de BPI, del que la empresaria posee el 18,6% del capital.

La oferta de CaixaBank, primer accionista de BPI con el 44,1%, está condicionada a la supresión de la limitación del 20% en los derechos de voto del banco portugués, a alcanzar más del 50% de su capital y a la obtención de las autorizaciones regulatorias aplicables.

Tras la falta de acuerdo con Dos Santos, CaixaBank ha solicitado al Banco Central Europeo la suspensión de cualquier procedimiento administrativo contra BPI relacionado con su situación de exceso de concentración de riesgos en Angola con la finalidad de permitirle encontrar una solución a dicha situación para el caso de que tome el control.

BPI participa con un 50,1% en el capital de Banco de Fomento Angola (BFA), el cuarto banco del país africano por volumen de activos (8.022 millones de euros). La entidad, que lleva 22 años allí, cuenta con 1,4 millones de clientes, 191 oficinas y 2.610 empleados, según los datos de diciembre de 2015. La aportación de BFA al beneficio de BPI fue de 136 millones de euros el pasado ejercicio.

Con la oferta anunciada este lunes, CaixaBank reforzará su papel para encontrar una solución a esa circunstancia, al tiempo que ayudará a la mejora de la rentabilidad de BPI gracias a las sinergias que generará la futura colaboración.

La oferta, que se registrará en la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários una vez se reciban las aprobaciones pertinentes y se haga efectiva la supresión de la limitación del 20% de los derechos de voto, se estima que se completará durante el tercer trimestre de este año.

CaixaBank seguirá apoyando al equipo directivo de dicha entidad y trabajará para lograr la máxima creación de valor para todos los accionistas. La entidad catalana tiene la intención de que BPI continúe siendo una compañía cotizada tras la finalización de la oferta. Sus acciones, suspendidas de cotización desde el 11 de abril, marcaron su último precio en 1,19 euros el 9 de abril, con una subida del 3,5%.

Tras la OPA, CaixaBank analizará y planteará potenciales áreas de cooperación entre las dos entidades con el objetivo de desarrollar sinergias, reducir costes e incrementar fuentes de ingresos.

Se prevé que estas nuevas iniciativas permitan a BPI obtener sinergias que beneficiarán a todos los accionistas de la entidad y reducir su ratio de eficiencia recurrente en el mercado portugués. Se estiman unas sinergiaspotenciales de costes de 85 millones a partir del tercer año y unas sinergias de ingresos anuales de 35 millones.

CaixaBank espera también que esta oferta de adquisición de acciones tenga un impacto positivo de alrededor del 8% en el beneficio recurrente por título el primer año. Además estima que el retorno sobre la inversión sea del 12% en el primer ejercicio y alcance el 14% en el tercero.

La inversión de CaixaBank en BPI se inició en 1995 con una visión estratégica a largo plazo y con una voluntad de apoyo al banco luso con el objetivo de ser un banco de referencia en Portugal.

En el año 2012, CaixaBank obtuvo una dispensa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para sobrepasar el umbral de un tercio del capital sin lanzar una OPA obligatoria, debido a la existencia de limitaciones al derecho de voto de los accionistas y con sujeción a una serie de condiciones, como el compromiso de CaixaBank de no designar a consejeros adicionales a los cuatro consejeros nombrados hasta ese momento.

En febrero de 2015, CaixaBank anunció el lanzamiento de una OPA voluntaria sobre las acciones que no controlaba con el objetivo de finalizar con la asimetría que existía entre su participación económica y su capacidad de voto.