Soraya Sáenz de Santamaría
Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ángel Díaz / EFE

El Gobierno ha pospuesto la decisión de qué ministro relevará a Juan Manuel Soria al frente Industria y Turismo tras su cese como ministro en funciones.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, con carácter general, los despachos ordinarios del ministerio de Industria y Turismo "quedan en manos de los vicesecretarios de Estado y la secretaria de Estado" adscritos al ministerio. Sin embargo, ha reconocido que será necesario nombrar a un ministro que eleve las propuestas al Gobierno, una decisión que compete finalmente al presidente, Mariano Rajoy.

"Como hoy no estaban todos los ministros en el Consejo, hemos decidido que buscaremos la solución más cómoda y eficaz para los funcionarios".

Santamaría ha explicado que no se realizará una "suplencia" como la que se produciría si el Gobierno estuviera a pleno rendimiento. Al estar en funciones, otro departamento asumirá "el despacho ordinario de asuntos" y se encargará de elevar cuestiones al Consejo de Ministros, si llega el caso.

Especialistas en derecho constitucional consultados aseguraron que "nada dice expresamente la ley (sobre el relevo de un ministro en funciones) pero debe entenderse que no puede hacer nombramientos nuevos de ministros. Tampoco se están cubriendo otras vacantes como directores generales o subdirectores generales. Lo que se hará en el caso del ministro Soria es que otro ministro o la propia vicepresidenta asumirá las funciones".

A un Gobierno en funciones se le impide determinadas decisiones tasadas explícitamente en la Ley del Gobierno, que data de 1997 y que ha experimentado desde entonces diversas revisiones parciales. El presidente no puede nombrar ministros, ni proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales, ni plantear la cuestión de confianza, ni elevar al Monarca la convocatoria de un referéndum consultivo.

El Gobierno no puede tampoco aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado. Además, las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones.

La ley obliga al Ejecutivo a limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos. Determina expresamente que deberá abstenerse de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. Pero con esas limitaciones, el Gobierno mantiene sus poderes y sigue habiendo reuniones del Consejo de Ministros todas las semanas.