CSIF ha denunciado la acumulación por falta de personal en el Juzgado número 4 de Jaén capital de 900 ejecutorias pendientes, muchas de ellas, según el sindicato, pertenecientes a sentencias firmes de casos de violencia de género y que conllevan penas de prohibición de aproximación y comunicación o la privación del derecho de tenencia y porte de armas por plazos elevados.

CSIF Justicia viene denunciando "la carga de trabajo, la saturación y la falta de personal" del Juzgado de lo Penal 4 de Jaén, y que es el encargado de llevar el grueso de los asuntos de violencia de género en la provincia.

La pasada semana se ha nombrado a un juez de refuerzo en dicho Penal, sin embargo, según el sindicato, "en lugar de reducirse la carga de trabajo, ésta se ha ido incrementando considerablemente".

Además, desde enero de este año, por una reforma legal, este juzgado también asume los delitos de quebrantamiento de condena de violencia sobre la mujer, lo que ha provocado "un incremento del doble de procedimientos en este primer trimestre".

Desde CSIF, se entiende a través de un comunicado que la "insuficiente plantilla no va a paliarse con el nombramiento de un juez de refuerzo, sino va acompañada de varios funcionarios para la materialización y tramitación de los asuntos requeridos por ese juez".

CSIF exige que se dote a ese juzgado de varios funcionarios, debido a que el nombramiento de un juez de refuerzo provoca más juicios, pero los trámites que se tienen que realizar antes y después de ese juicio "son imposibles llevarlos a cabo en el tiempo que se debiera porque no hay personal funcionario suficiente".

El sindicato recuerda que "se van a dictar más sentencias pero no se pueden ejecutar por falta de recursos humanos" con lo que ello conlleva de "peligro" para las víctimas.

El responsable de CSIF Justicia en Jaén, Roberto Vázquez, ha indicado que "el retraso en la tramitación de estos asuntos reviste una especial gravedad y origina unos perjuicios irreparables, siendo la Consejería de Justicia la única responsable directa de cualquier perjuicio sobre las víctimas".

CSIF ha reiterado que es "la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, la responsable directa de cualquier perjuicio que ocurra sobre las víctimas".