El Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT respecto a los 15 pisos y centros de atención a personas con discapacidad propios y ajenos para incorporar "mejoras laborales y sociales" a los nuevos contratos de gestión.

Las medidas incluidas supondrán un incremento económico para el Gobierno foral de 3 millones de euros anuales adicionales desde el año 2017 en adelante. En concreto, está previsto destinar a estos centros 32,2 millones de euros en 2017, frente a los 29,2 millones de 2016, un 10,3% más, según ha trasladado el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, en la sesión de Gobierno celebrada este miércoles.

De los 3 millones, 2,2 millones anuales adicionales se destinarán a las mejoras laborales, a través de una mayor aportación del Gobierno a los contratos de gestión. Las medidas pactadas, ha dicho Laparra, tienen un impacto del 7,5% de incremento en términos de salario y otros complementos (incremento salarial del 3,35% de salario, mejoras en los complementos de turnicidad y trabajo en festivos, reducción de jornada y, para parte de la plantilla, la garantía de cobro del complemento de capacitación).

Para el vicepresidente, "supone una mejora notable sobre las condiciones reales que estaban teniendo estos trabajadores en el conjunto del sector".

De esta manera, ha expuesto, el acuerdo garantiza que las entidades privadas que gestionan los centros puedan cumplir el convenio colectivo vigente, de 2012. Cabe recordar que desde mayo de 2014 hay movilizaciones y huelgas en el sector, que emplea a 800 trabajadores y atiende a unas 650 personas.

Por otro lado, el acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT introduce mejoras en la calidad de la prestación del servicio. El Gobierno destinará 800.000 euros anuales adicionales al incremento de plazas y de personal (se sumará un nuevo piso en Barañáin, se introduce el apoyo gratuito psicológico al personal, etc).

El vicepresidente ha destacado el "salto cualitativo" de este modelo de contratación pública, que conlleva la implicación del Gobierno de Navarra en la negociación colectiva y en la garantía de las condiciones laborales. Según ha explicado también, los impagos producidos hasta la fecha a la plantilla son responsabilidad de las empresas.

Calendario de aplicación

Para que este acuerdo sea de aplicación, el Gobierno debe licitar de nuevo todos los contratos de gestión: cinco centros propios (Atalaya, Las hayas, Infanta Elena, Oncineda y Valle del Roncal); siete pisos propios, incluido uno nuevo en Barañáin (Mendebaldea, Vencerol, Las Torchas, Pamplona, Tafalla y Sangüesa): y modificar los contratos de los tres centros ajenos (Ramón y Cajal, Adacen y Carmen Aldabe).

En su sesión de este miércoles, el Gobierno de Navarra ha acordado la licitación de los pisos de Las Torchas (12 plazas), Vencerol (18 plazas) y Mendebaldea (14 plazas) por 1,24 millones de euros, un 6% más que el contrato actual. Está previsto que la gestión de todos los pisos esté adjudicada para agosto. En breve se iniciará también la licitación de los centros propios, para su adjudicación en el mes de octubre.

El presupuesto máximo previsto para el primer periodo 2016-17 se eleva a 1.770.382,82 euros, de los que 521.904,88 se financiarán con cargo a los presupuestos de este año y 1.248.477,94 en 2017. El valor estimado total, incluyendo todas las prórrogas, asciende a 5,7 millones de euros.

La Agencia destinará a esta licitación un 6 por ciento más al año, respecto a la situación actual. "Esto no es más que el comienzo de lo que puede ser la solución a un conflicto que viene ya de largo, más de tres años y dos de convocatoria de huelga", ha dicho, para opinar que "a partir de aquí puede tener una solución razonable".

Finalmente, a partir del 2017, previo acuerdo con los titulares de los centros ajenos, el Gobierno podrá modificar los contratos para garantizar la aplicación del convenio colectivo y el resto de mejoras pactado. En este ámbito actualmente no hay conflictividad laboral.

El Gobierno se compromete a recuperar el diálogo a tres bandas (con sindicatos y empresas), de manera que se puedan introducir mejoras en el nuevo convenio que sustituirá al actual, con el objetivo de que esté vigente de 2017 en adelante, durante varios ejercicios.

Mayor peso a la propuesta técnica

El pacto entre el Gobierno y los sindicatos también recoge otras novedades para los nuevos contratos. En las nuevas licitaciones, ha explicado Laparra, se exigirá el cumplimiento del convenio colectivo por parte del contratista o la obligación de incorporar modificaciones que se pacten (nuevo convenio o modificación del anterior). También se incluirá como causas de resolución de los contratos el incumplimiento del convenio colectivo por parte de la entidad gestora. Y como causa específica de modificación de los contratos, el pacto de un nuevo convenio colectivo o la modificación de un convenio anterior.

Se realizarán tantas licitaciones como centros o pisos. Si bien por eficiencia, se podrán agrupar varios pisos o centros en una licitación, la adjudicación siempre se realizará de forma individual. Los contratos tendrán una duración máxima de cuatro años, ha añadido el Ejecutivo.

En cuanto a la valoración de las ofertas en las licitaciones, se dará mayor peso a la puntuación de la propuesta técnica que a la oferta económica (80% frente al 20%). También se incorporará al condicionado la valoración de cláusulas sociales y el deber de cumplir obligaciones sociales y labores. Su incumplimiento, en alguno de esos casos, será causa de resolución del contrato.

Entre los requerimientos de carácter social figuran los siguientes: nuevas contrataciones de personas de colectivos excluidos socialmente o en grave riesgo de estarlo; cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, Seguridad Social, seguridad y salud en el trabajo, convenio colectivo; obligación de aplicar medidas destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo; incorporación de la perspectiva de genero, también en el uso del lenguaje y de la imagen; obligación de adoptar medidas para la prevención, control y erradicación del acoso sexual y por razón de sexo; comercio justo, etc.

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