El Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto las primeras sanciones a dos sociedades inmobiliarias que desahuciaron por impago a familias vulnerables sin ofrecerles previamente la opción de alquiler social, lo que incumple la Ley 24/2015 de emergencia habitacional aprobada por el Parlament. Esta es una de las primeras acciones de disciplina que impulsa la Concejalía de Vivienda en este mandato.

Según ha informado el Ayuntamiento, el consistorio se ha hecho cargo de la reubicación de las familias y ha iniciado expedientes sancionadores contra los infractores, que pueden llegar a multas de hasta 90.000 euros. Las dos empresas que han vulnerado la ley son la sociedad Intacsa Integral de Actividades, por no ofrecer una alternativa a una familia del barrio del Carmel; y a la sociedad Fincas Flash, por no hacerlo a otra del barrio de Horta, pese a que el Ayuntamiento advirtió de que las familias estaban en situación de vulnerabilidad.

Por otro lado, la Unidad Contra la Exclusión Residencial (Ucer), creada hace tres meses, ha localizado un caso de infravivienda, en el que una empresa alquilaba partes de 15 metros cuadrados de una finca a una decena de familias sin cumplir las condiciones de habitabilidad, ante lo que el Ayuntamiento ha abierto otro expediente de sanción que puede acabar con una multa de hasta 900.000 euros, ha informado este miércoles en un comunicado. Desde la alcaldía se ha iniciado un expediente para declarar la situación de infravivienda y prohibir esta práctica en la finca.