El Gobierno de Castilla-La Mancha ha acusado al anterior Ejecutivo del Gobierno del PP de destinar la financiación destinada al Hospital de Toledo a la financiación ordinaria de la Administración.

Según han señalado fuentes del Ejecutivo regional a Europa Press, el 15 de abril de 2015 la Junta dispuso de 115 millones de la empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A. (GICAMAN) sociedad pública propiedad de la Administración, "formalizando un contrato de subrogación de los préstamos del BBVA" que se habían suscrito con el anterior Gobierno socialista para financiar esta infraestructura.

Por medio de esta subrogación, según señalan fuentes de la Gobierno de Emiliano García-Page, se desvinculaba de la finalidad original de la financiación —el Hospital de Toledo— destinando estos recursos "a la financiación ordinaria de la Administración".

Según recuerda el actual Ejecutivo regional, en fecha 30 de marzo de 2007 Servicio Hospitalarios Generales (SHG), empresa encargada de la construcción del Hospital de Toledo formalizó, para tal fin, un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) dispuesto en dos tramos de 25 millones de euros.

Posteriormente, con fecha 6 de mayo de 2010, SHG suscribió con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) dos contratos de préstamo por importe total de 150 millones de euros. El primero por importe de 50 millones de euros fue dispuesto en su totalidad el 6 de mayo de 2010. El segundo, por importe de 100 millones de euros, fijaba 2 desembolsos en tramos de 50 millones de euros cada uno. El primer tramo se desembolsó el 6 de mayo de 2011 y el segundo tramo en fecha 6 de mayo de 2012.

En fecha 8 de septiembre de 2011 se produjo la fusión por absorción de Servicios Hospitalarios Generales, S.L. con Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, S.A. (GICAMAN) sociedad pública propiedad de la Junta, por lo que ésta última entidad se subrogó en los derechos y obligaciones derivados de los préstamos formalizados por SHG para la construcción del hospital de Toledo.

Tal y como explica fuentes del Gobierno regional, GICAMAN dispuso de la totalidad "de los créditos programados situándose con una financiación excedentaria que iba muy por delante del programa de ejecución de obras".

"La paralización del proyecto situó a la sociedad con unos fondos utilizados del préstamo del BBVA de tan solo 35 millones de euros y por tanto con recursos no aplicados de 115 millones euros para pagar unas certificaciones de obra que nunca se llegaron materializar", han asegurado.