El vicesecretario general de UGT en Castilla y León, Evelio Angulo, y el secretario regional de Acción Sindical de CC.OO., Vicente Andrés, han reivindicado este lunes a la Junta de Castilla y León una ley bien regional o bien nacional contra las deslocalizaciones que facilite la transición de una actividad a la de un empresario local convencidos del "poder de persuasión" que tendría esa norma para evitar la desvinculación de las empresas de un territorio.

Por su parte, la vicepresidenta de la Junta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, ha asegurado "compartir" el objetivo final de la norma si bien ha aclarado que se trata de un asunto "técnicamente complejo" sujeto al ordenamiento jurídico español y europeo que, de poder salir adelante, tendría que correr a cargo del Gobierno central por falta de competencias autonómicas en esta materia.

Los sindicalistas han defendido que esa norma permitiría dar una respuesta "clara, contundente, positiva y comprometida" desde Castilla y León para evitar deslocalizaciones de empresas desde el respeto al principio de "voluntariedad".

Angulo y Andrés han hecho este planteamiento a Valdeón con motivo de la reunión de la Permanente del Diálogo Social para analizar las actuales crisis empresariales en la que se ha acordado "dar una vuelta" en la metodología del funcionamiento de la Fundación Anclaje y la aplicación de un protocolo de actuación ante empresas en crisis con la constitución de un grupo de trabajo específico para cada caso concreto que se plantee.

El objetivo es trabajar por mantener la actividad de las empresas y tratar de revertir las situaciones de crisis, buscar alternativas industriales, involucrar a las administraciones y a la propia empresa y diseñar planes de reindustrialización desde el reconocimiento de las partes de que, tras varios años en marcha, era necesaria "relanzar" las políticas frente a las crisis empresariales ya que hasta la fecha venían motivadas por circunstancias más asociadas a la situación económica cuando ahora se dan más casos relacionados con deslocalizaciones.

En este sentido, han abogado por pasar de la "fórmula Villanueva" que se puso en marcha con la crisis de Fontaneda a la "fórmula Valdeón".

Junta, sindicatos y patronal han repasado también las medidas contempladas en la II Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo 2016-2020 que destina 12,5 millones de euros al Plan de Protección ante Empresas en Crisis con cuatro medidas novedosas, entre los que destacan 5,5 millones para ayudas a trabajadores afectados por ERE suspensivos y por extinción de contratos a los mayores de 55 años.

En concreto, la ayuda a trabajadores afectados por ERE suspensivos, cuyas bases reguladoras se publicarán mañana, martes, complementará las rentas de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo suspensivos que hayan contado con acuerdo. Esta ayuda elimina el tope en cuanto al número de trabajadores, previo acuerdo de la Comisión Permanente del Diálogo Social.

Esta ayuda se desarrollará a través de un primer programa que llegará hasta 1.200 euros para los trabajadores que vean suspendido su contrato por un expediente de regulación de empleo suspensivo o de reducción de jornada y se pone en marcha dentro de esta línea de ayuda un segundo programa que llegará hasta los 1.800 euros para los mayores de 55 años a los que se haya extinguido su contrato a raíz de una crisis empresarial con declaración de insolvencia de la empresa o extinción de contrato en procedimiento concursal.

Ayudas favorables al sector minero

Otra de las novedades es una línea de ayudas por un millón de euros para los trabajadores que mantienen relación laboral con la empresa pero han agotado su prestación por desempleo debido a los largos periodos de regulación, como puede ser el caso de los mineros afectados por consecutivos ERTEs que han superado los 24 meses, entre 600 y 700 casos.

Esta línea de ayuda, cuya base de convocatoria saldrá también mañana, llegará hasta un máximo de 3.931 euros que corresponden al SMI de seis meses para los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo suspensivos y que tenga extinguido el derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo por agotamiento del periodo de duración de la prestación.

También se prevén ayudas para el pago de cuotas de seguridad social de empresas que hayan concluido con acuerdo expedientes de regulación de empleo de naturaleza suspensiva. Llegará hasta el 20 por ciento de la cuota empresarial por contingencias comunes correspondiente a aquellos trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de carácter suspensivo. Las bases reguladoras de esta subvención estarán publicadas esta semana en el BOCYL.

Además, habrá ayudas para los trabajadores de otros sectores agrarios —se mantiene la ayuda para los empleados de azucareras— temporeros y fijos discontinuos de campañas agrícolas y ganaderas en los periodos de suspensión de contratos de trabajo a consecuencia de circunstancias meteorológicas adversas con el objetivo de garantizar los recursos mínimos de subsistencia a los trabajadores.

En el caso del sector azucarero, se garantizan los recursos mínimos de subsistencia a los trabajadores vinculados por campaña a la molturación de remolacha cuando se paraliza la actividad, como consecuencia de circunstancias meteorológicas adversas que obliguen a la suspensión de los contratos de trabajo.

Para el fomento del empleo estable por cuenta ajena, hay ayudas destinadas a personas cuya situación de desempleo provenga de despidos colectivos, concluidos con acuerdo, producidos en empresas de la Comunidad que hayan sido objeto de transmisión o liquidación y derivados de un procedimiento concursal. La subvención establece hasta 2.500 euros para la empresa que contrate con carácter indefinido a un trabajador que haya visto extinguido su contrato en un despido colectivo por una empresa en crisis.

Se vuelven a contemplar ayudas a trabajadores mayores de 55 años que han perdido su empleo, subvención está dirigida a trabajadores que se ven en situación de desempleo como consecuencia de un procedimiento concursal o en una empresa declarada insolvente.

Se pone en marcha junto con la compensación económica de la disminución del importe de su indemnización, explicada anteriormente en el segundo programa de la primera ayuda, la financiación de un convenio especial con la Seguridad Social. Este convenio establece una ayuda, hasta un máximo de 12.000 euros para sufragar las cuotas de forma que se mantengan las cotizaciones. Las bases reguladores ya están publicadas y la convocatoria se realizará a lo largo del mes de abril.

Por último, se contemplan el fomento de la constitución de empresas de economía social por trabajadores provenientes de crisis empresariales a través de una ayuda de 3.000 euros por nuevo socio o miembro de la empresa de economía social que se incorpore a esta procedente de una empresa en crisis.