El delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba y responsable de la Oficina de la Vivienda, Rafael del Castillo, ha mantenido una reunión con representantes de Endesa en la que ha abordado la "necesidad" de establecer un nuevo convenio de la colaboración, que "mejore el existente y que permita a las familias flexibilizar más el pago de la luz, ya que algunas tienen la intención de hacerlo pero viven en una situación, muchas de ellas, que se lo impiden".

Según ha explicado en un comunicado Del Castillo, "la falta de acceso al suministro eléctrico en el domicilio de muchas familias en Córdoba es un problema muy grave" y es por ello que estamos "muy preocupados desde el Ayuntamiento".

"Existen zonas en Córdoba donde la gran mayoría de las emergencias que llegan a la delegación es de familias que no pueden pagar las facturas de la luz y que están angustiadas ante la posibilidad de que se la corten", ha apuntado el delegado.

En este sentido, Del Castillo ha señalado que "en invierno la posibilidad de morir de frío aumenta un 30 por ciento en aquellos hogares donde no hay luz". Por tanto, "estamos hablando de un problema muy grave, que desde el Ayuntamiento nos lo estamos tomando muy seriamente", según ha enfatizado, para recordar que la referida es "la cuarta reunión con Endesa en los últimos meses".

Por ello, el delegado ha informado de que se está negociando con Endesa para que de "manera preventiva no le corte la luz a aquellas familias que acudan a Servicios Sociales con la carta en la que se les informa del corte del suministro, mientras Servicios Sociales estudia si esa familia va a recibir la ayuda para pagarle la deuda o se negocia con Endesa una flexibilización del pago".

Esta flexibilización, apunta el delegado, "es algo que también recogerá el nuevo convenio, como la posibilidad de negociar fraccionamientos de pago, de aplazar recibos y de darnos tiempo al Ayuntamiento para estudiar la situación de cada una de las familias".

"Esto es lo que podemos hacer desde el Ayuntamiento", añade Del Castillo, pues "entendemos que la situación ideal sería la tomada en Emacsa, en la que hemos podido establecer un suministro mínimo vital para que aquellas personas que no puedan pagar el agua no tengan que quedarse sin ella".

Así, el delegado ha hecho un llamamiento a las administraciones competentes para que "trabajen a nivel legislativo sobre este asunto, ya que es un tema que afecta directamente a la vida de las personas, y es por ello que se debe legislar para que aquellas personas que no pueden pagar no se vean privados de dicho servicio". "Una vivienda digna debe tener luz", ha concluido.