Del Río dice que el TSJA estudia la petición de Fiscalía de abrir diligencias contra Arellano

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha dicho este viernes que se está estudiando la petición de la Fiscalía de abrir unas diligencias contra el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, por la posible comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público presuntamente cometidos cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.
Lorenzo del Río
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EUROPA PRESS
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha dicho este viernes que se está estudiando la petición de la Fiscalía de abrir unas diligencias contra el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta, Antonio Ramírez de Arellano, por la posible comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público presuntamente cometidos cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla.

Del Río ha asegurado en declaraciones a los periodistas que acaba de remitirse la petición por parte del ministerio público, "la estamos estudiando y una vez que lo tengamos estudiado y deliberado dictaremos la resolución".

"Está en fase de estudio y deliberación de la Sala que es lo coherente y lo prudente", ha precisado el presidente del TSJA antes de participar en Málaga en el acto de homenaje al magistrado Manuel Caballero-Bonald por la concesión de la Cruz de San Raimundo de Peñaford.

Como miembro del Consejo de Gobierno andaluz, según el Estatuto de Andalucía, la investigación y eventual enjuiciamiento para exigir posibles responsabilidades a Ramírez de Arellano correspondería al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La apertura de la investigación del departamento que dirige Jesús García Calderón se produce después de la denuncia que interpuso el 27 de marzo de 2015 el Colegio de Arquitectos de Sevilla, tras lo que la Fiscalía hispalense inició una investigación que cesó en junio, cuando fue nombrado consejero y adquirió la condición de aforado, por lo que la Provincial tuvo que inhibirse en favor de la Fiscalía Superior.

El actual consejero y anteriormente rector y vicerrector de la Hispalense fue denunciado por un posible delito de prevaricación administrativa al entender el colegio que adjudicó de manera "arbitraria" la redacción del proyecto arquitectónico del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius).

Los hechos se remontan a septiembre de 2008, cuando la Universidad de Sevilla firmó un contrato con un estudio de arquitectura para la redacción del proyecto de obras del edificio Centrius, una construcción de 25.800 metros cuadrados presupuestada en 34 millones de euros y subvencionada con 17,7 millones por el Gobierno central y el programa Feder de fondos europeos.

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