Un total de cinco demandas individuales han sido ya presentadas en el ámbito judicial contencioso-administrativo por el "caos normativo" propiciado por la Junta de Andalucía en los horarios del profesorado de Secundaria, después de que la administración regional modificara la norma para que éste pasara a tener un máximo de 25 horas en lugar de un mínimo de 25.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), que han precisado que conforme vayan caducando los plazos es de prever la presentación de más demandas, de cuyos resultados en lo tocante a resoluciones dependerá la presentación de una acción judicial administrativa global contra la Consejería de Educación de la Junta andaluza por el mismo asunto.

Todo ello se produce después de que la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía haya archivado las diligencias iniciadas tras la denuncia presentada por el colectivo a este respecto tras no apreciar ilícito penal: pese a que no descartan responsabilidades en vía administrativa, sí rechazan la posibilidad de que exista un delito penal, a la que recurrió la asociación de profesores.

Al respecto, una vez conocida la resolución de la Fiscalía, APIA ha puesto el caso en manos de representantes jurídicos, que definen una acción en la jurisdicción administrativa.

El sindicato, que con posterioridad a la interposición inicial presentó una ampliación de la denuncia por omisión de exposición pública y por supuesta actuación previamente meditada, acusaba a la Consejería de Educación, con su titular, Adelaida de la Calle, a la cabeza, de "haber obrado de forma consciente y deliberada para generar un contexto de inseguridad jurídica en el que cualquier solución sea posible", por lo que solicitaba a la Fiscalía que identificara a los responsables y valorara si sus acciones podrían ser constitutivas del delito de prevaricación de funcionarios públicos, lo que finalmente se ha desestimado.

APIA también trasladó a la Consejería de Educación un requerimiento formal a De la Calle para que diera las instrucciones oportunas a fin de llevar a cabo los cambios normativos necesarios para adaptar la legislación a la normativa básica estatal sobre organización y funcionamiento de los institutos de Secundaria.

Así, el sindicato procedía a desgranar una extensa lista de aquellos aspectos que vienen recogidos en la orden nacional de organización y funcionamiento de los institutos, de carácter básico según la propia consejera, que se están incumpliendo en Andalucía.

Principales incumplimientos

Entre los principales incumplimientos de la legislación andaluza estaría la duración de los periodos lectivos, que en el marco nacional se cifran en 50 o 55 minutos, con un descanso para alumnos y profesores de cinco minutos entre cada periodo, mientras que en Andalucía son de 60 minutos.

Otros incumplimientos de la normativa andaluza se darían en la superación del límite máximo de tres guardias semanales o en la no fijación de un periodo lectivo para atender al alumnado con asignaturas pendientes de cursos anteriores. Tampoco se prevé en la legislación andaluza el desdoble de los grupos de más de 25 alumnos al menos una vez a la semana en las materias de Lenguas Extranjeras ni se confiere existencia obligatoria a los departamentos didácticos como principales órganos de coordinación docente, permitiéndose en Andalucía su supresión o fusión a criterio de cada centro.

Asimismo, mientras la normativa nacional obliga a que los directores de los institutos, funcionarios del Cuerpo de Profesores, impartan al menos seis horas de docencia directa semanales, en Andalucía se permite que no impartan ninguna.