C-LM defiende este miércoles ante el Ejecutivo central la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos

El Gobierno de Castilla-La Mancha se reúne este miércoles, 6 de abril, con representantes del Ejecutivo central en funciones para defender la jornada de 35 horas semanales de los empleados públicos de la Junta de Comunidades, implantada en la región desde el pasado mes de enero.

El Gobierno de Castilla-La Mancha se reúne este miércoles, 6 de abril, con representantes del Ejecutivo central en funciones para defender la jornada de 35 horas semanales de los empleados públicos de la Junta de Comunidades, implantada en la región desde el pasado mes de enero.

La reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha se produce después de que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy iniciara el pasado mes de febrero el procedimiento al objeto de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una Ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha.

En concreto, se trata de la Ley 7/2015, de 2 de diciembre, que establece la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos desde el 1 de enero y la ampliación de la edad de jubilación del personal funcionario y estatutario de la Junta de Comunidades.

En el encuentro entre los representantes de la Administración central y la autonómica se analizará la legalidad de esta normativa, ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

El Gobierno de Emiliano García-Page defenderá que en todo momento se actuó respetando la legislación vigente, ya que el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, vigente desde el pasado 01 de noviembre de 2015, establece en su artículo 47 que corresponde a las administraciones públicas establecer la jornada de trabajo de sus empleados públicos.

La recuperación de la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Junta de Comunidades forma parte de los compromisos que el presidente regional adquirió con los trabajadores de la Administración regional, con el objetivo de recuperar los derechos que les fueron arrebatados por el anterior Ejecutivo autonómico en la pasada legislatura.

Además, esta medida ha supuesto la mejora de la calidad de los servicios públicos de la región y la contratación de más empleados públicos por parte de la Junta de Comunidades.

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