El Grupo de Podemos en el Parlamento de Andalucía ha registrado una pregunta, para su contestación en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la que solicita a la Junta que aclare su responsabilidad respecto al incumplimiento de la directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos en una veintena de recintos de la región.

En la cuestión, suscrita por la parlamentaria de Podemos Mercedes Barranco y consultada por Europa Press, la formación morada recuerda la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 25 de febrero relativa a 30 vertederos españoles de residuos no peligrosos, de los cuales 19 se localizan en territorio andaluz, seis en Jaén y otros 13 repartidos entre las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla.

Así, entre los vertederos sin autorización para continuar con sus actividades se encuentra el de residuos no peligrosos en Vélez-Rubio (Almería), así como otros de residuos inertes, en concreto los de Sierra Valleja, Llanos del Campo y el Chaparral-La Sombrerera, en Cádiz; los del Pantano del Rumblar en Baños, el del Barranco de la Cueva de Bélmez, el del Cerrajón en Castillo de Locubín, el de Las Canteras de Jimena y Bedmar, el de la Hoya del Pino de Siles y el de la carretera de Los Villares, todos ellos en Jaén; y el de La Chacona, en Córdoba.

También debían haberse cerrado los vertederos de residuos inertes de Bellavista, El Patarín, Arahal-Morón de la Frontera, Almadén de la Plata, El Chaparral, carretera A-92 en Morón de la Frontera y el de Andrada Baja, todos ellos en Sevilla; y el de la carretera 3118 Fuente Leona-Cumbres Mayores, en Huelva.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en el fallo el incumplimiento por parte de España de las normas comunitarias, dado que las obras de sellado y cierre no se ejecutaron en los plazos y tampoco se han justificado los motivos para incumplir los mismos.

En todos los casos, las obras de sellado y cierre debieron ejecutarse antes del 25 de marzo de 2013, incide Podemos, que pregunta directamente a la Junta qué responsabilidad tiene el Gobierno andaluz con respecto al incumplimiento de la directiva.