La Junta aprobó ayer el anteproyecto de la Ley del Derecho a la Vivienda, una norma por la que las administraciones garantizarán que el esfuerzo para comprar no supere un tercio de los ingresos familiares ni una cuarta parte en caso del alquiler. Entrará en vigor en 2008 y distinguirá entre ingresos inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que sustituye al Salario Mínimo Interprofesional), o superiores, peroinsuficientes para acudir al mercado libre. Además, obligará a que la nuevas viviendas respeten criterios de sostenibilidad, faciliten el acceso a servicios y garanticen la accesibilidad.