La Junta formaliza ante el Supremo su recurso a la reválida de Primaria

La Junta de Andalucía ha formalizado recientemente ante el Tribunal Supremo (TS) el recurso que ya había apuntado interponer contra el decreto que regula la reválida de 6º de Primaria, basándose para ello en "graves defectos" en su proceso de tramitación y consulta con las comunidades autónomas.

La Junta de Andalucía ha formalizado recientemente ante el Tribunal Supremo (TS) el recurso que ya había apuntado interponer contra el decreto que regula la reválida de 6º de Primaria, basándose para ello en "graves defectos" en su proceso de tramitación y consulta con las comunidades autónomas.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería andaluza de Educación, después de que, por otro lado, la administración autonómica anunciara la presentación de un requerimiento formal al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para su retirada del Real Decreto 1058/2015 por el que se regulan las características generales de la prueba de evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, para de esta manera intentar "desde el diálogo y la negociación" la anulación de esta reválida.

En este sentido, el Pleno del Parlamento instó a la Junta a solicitar al Gobierno la derogación del Real Decreto, así como la paralización de cualquier actuación o medida en este sentido, y la apertura de un proceso de diálogo y consenso democrático con las organizaciones políticas y los agentes educativos: todo ello, en virtud de una proposición no de ley defendida por el PSOE-A y que contó con los votos en contra del PP-A y de Ciudadanos (C's) y a favor de Podemos y de IULV-CA.

El departamento que encabeza Adelaida de la Calle considera que el Ministerio ha aprobado una normativa básica sin el debido informe de la Conferencia Sectorial y sin contar con el consenso "imprescindible" que debe tener cualquier tema relacionado con la educación.

Este modelo de reválida, según De la Calle, va a provocar "incertidumbre, inquietud y tensión externa" al alumnado, a sus familias y al profesorado. Además, afectará negativamente al normal desarrollo del calendario escolar y conllevará una "enorme" complejidad técnica, organizativa y un coste económico "importante" que no cuenta con financiación estatal.

Asimismo, la titular de Educación duda de que con estas pruebas "impuestas" por el Ministerio se pueda valorar adecuadamente si el alumnado ha alcanzado los objetivos generales de la etapa, ya que los exámenes se realizan sobre dos de las siete competencias básicas establecidas para la Educación Primaria.

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