El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Francisco Blanco, ha vuelto a referirse este jueves en sesión plenaria a los planes locales de empleo cuya utilidad ha vuelto a defender y ha reclamado de nuevo una figura contractual en la legislatura estatal para facilitar la labor de contratación de los Ayuntamientos y eliminar la inseguridad jurídica actual.

Blanco ha respondido a una interpelación del diputado de IU, Ovidio Zapico, sobre política en materia de planes de empleo y sobre las medidas que tiene previsto llevar a cabo el Ejecutivo para hacer frente a las inseguridades jurídicas de los mismos.

Ha explicado que para la próxima convocatoria, con objeto de clarificar ante los tribunales la verdadera naturaleza de los Planes y reforzar aun más su concepción, se incluirá un programa de orientación para los participantes que incluirán un diagnóstico individualizado de empleabilidad. "Se elaborará un itinerario personalizado de empleo, un itinerario formativo si fuese necesaria y las acciones en búsqueda de empleo que le conviene realizar", ha dicho.

El consejero ha coincidido con Zapico en resaltar la importancia de los Planes locales de empleo que para este año tenían previsto contratar 707 personas pero la inseguridad jurídica ha provocado que ayuntamientos como Mieres, Langreo y Avilés han renunciado a las subvenciones, mientras que Noreña lo ha presentado fuera de plazo.

Así ha indicado que finalmente serán 440 las personas que se beneficien por los planes a la espera de sumar los beneficiarios de Oviedo y Llanes, ya que estos consistorios se encuentran tramitando los planes.

El diputado de IU, Ovidio Zapico ha cifrado en 10 millones de euros la cantidad a la que las arcas municipales han tenido que hacer frente por las diferentes demandas y de la que la Consejería "no quiere saber nada".

Zapico ha coincidido en que es necesaria una norma a nivel estatal que facilite la contratación por parte de los ayuntamientos y así lo reclamará en una moción subsiguiente, pero también ha pedido al consejero que tome cartas en el asunto y que antes de publicar las bases de la nueva convocatoria negocie con sindicatos y ayuntamientos.

El diputado de IU ha insistido en que su agrupación es una férrea defensora de estos planes de empleo, pero los queremos dentro de la ley. Todo lo ocurrido es suficiente para al menos plantearse una modificación de las bases para próximas convocatorias.

En esa línea la diputada socialista, Margarita Vega, ha indicado que el PSOE siempre ha considerado que los planes de empleo son un "instrumento útil para personas con especiales dificultades para su reinserción laboral".

Desde el PP han insistido en que los planes de empleo en el Principado no funcionan y ha considerado necesario un cambio radical de los mismos para evitar que la situación empeore.

Para Foro los "planes de empleo al estilo socialista, los que se han desarrollado estos años en Asturias no tienen ningún sentido", mientras que desde Ciudadanos se ha puesto sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre los planes de empleo y su futuro y su diputado, Armando Fernández Bartolomé, se ha preguntado por qué un ayuntamiento tiene que gestionar un plan de empleo.

Por otra parte Blanco ha manifestado este jueves que el Servicio Público de Empleo no tiene previsto contratar a orientadores como tales, sino técnicos de gestión de la bolsa de empleo y se les exigirá la formación exigida en su día a quienes accedieron a esa escala A2.

Ha explicado que se trata de nombramiento de funcionarios interinos y no se exige un plan específico de formación para dicho personal, sino que esa formación se ofrecerá a medida que se precise. Ha añadido además que muchas de las personas nombradas serán parte de las cesadas el pasado 31 de diciembre y que ocupaban los mismos por lo que cuentan con experiencia en el cargo.

Blanco ha respondido a una pregunta de la diputada de Podemos, Lorena Gil, sobre los criterios a seguir para la contratación de 49 orientadores profesionales para el servicio de empleo.