La financiación de los municipios gallegos es un 29% menor que la media y tienen la presión fiscal más baja del Estado

Red Localis advierte de que "saltan ciertas alarmas" en 15 ayuntamientos medianos con una situación "no sostenible a largo plazo"
Antonio López y Miguel Ángel Santirso de Red Localis
Antonio López y Miguel Ángel Santirso de Red Localis
EUROPA PRESS
Antonio López y Miguel Ángel Santirso de Red Localis

La Red Localis (Rede Local de Administración Pública) ha presentado este miércoles un informe sobre la "anemia" de la financiación de los ayuntamientos gallegos, que es un 29% menor que la media del Estado, mientras que tienen la presión fiscal más baja de España.

Así, los ingresos medios de los ayuntamientos gallegos son de 793 euros por habitante, 323 euros menos frente a la media de 1.116 euros del conjunto del Estado.

Al respecto, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la USC Antonio López Díaz ha expuesto cómo, pese a la baja financiación, los ayuntamientos gallegos tienen que hacer frente a los "múltiples costes" derivados de la dispersión poblacional existente. Todo ello, en un contexto de "caída vertiginosa" de las transferencias de otras administraciones a ayuntamientos, aunque la recaudación de tributos ha resistido "bien" en los años de crisis.

Sobre este extremo, la Red Localis —un foro de estudio del municipalismo conformado por un grupo de profesores e investigadores de las universidades gallegas— remarca que la recaudación de tributos en los municipios de Galicia es de 432 euros por habitante, casi 200 euros menos que la media del resto de España, situada en 628 euros por habitante.

Bajo nivel de endeudamiento y tres años de superávit

Tras exponer que los municipios a nivel global acumulan tres años de superávit (2012, 2013 y 2014), la única administración en esta situación tras haber reducido su deuda de forma "importante", Antonio López ha querido dejar claro que, "al contrario" de lo que en muchos ámbitos se transmite, los ayuntamientos "no son responsables del desajuste" de las cuentas públicas, "todo lo contrario".

Sobre este extremo, el informe destaca el bajo nivel de endeudamiento de los ayuntamientos gallegos. A 31 de diciembre de 2014 el total ascendía a 583,6 millones de euros, lo que equivale a 209 euros por habitante, es decir, un tercio de la deuda media por persona en el Estado, que se sitúa en 617 euros por habitante (31.722 millones).

Por provincias, la deuda en Ourense es de 253 euros por habitante, en A Coruña es de 221 euros; de Lugo, 212 euros; y en Pontevedra, de 179 euros.

Asimismo, se valoran unos "aceptables" resultados de gestión recaudatoria, "más eficiente que la media" del Estado, con un incremento en impuestos como el IBI o en tasas.

Con todo, en el lado negativo se identifica una gestión tributaria "excesivamente compleja", con un elevado número de ordenanza fiscales que llegan en casos como el Ayuntamiento de Ferrol hasta un total de 47 normas reguladoras de los tributos.

Sobre esta cuestión, el informe sostiene que el 40% de los recibos no supera los 30 euros de importe unitario en Galicia, "lo que además de generar sobrecostes de gestión, hace difícilmente viable su ejecución en los casos de impago".

15

Ayuntamientos medianos "no sostenibles a largo plazo"

Por otra parte, López Díaz indica que, aunque la presión fiscal de las siete ciudades gallegas es más próxima a la media estatal, pone el foco sobre los 15 ayuntamientos que existen en Galicia entre los 20.000 y los 50.000 habitantes, (todos ellos situados en las provincias de A Coruña y Pontevedra, pues no hay ninguno de estas característica en Lugo y Ourense) con presiones fiscales incluso inferiores a municipios pequeños, pero con ritmo de gasto similar a grandes ciudades.

Por ello, Antonio López, exconselleiro del Consello de Contas, avisa de las "tensiones" en las cuentas de estos 15 ayuntamientos medianos que considera "importantes". De hecho, advierte de que "saltan ciertas alarmas" sobre una situación que "no es sostenible a largo plazo", pues o incrementan su nivel de recaudación o deben rebajar los gastos.

Asimismo, Antonio López ha mandado un mensaje para las administraciones locales sobre la necesidad de que en "momentos de bonanza" aprovechen para "no desmontar el sistema fiscal", de forma que se tengan en cuenta actuaciones anticíclicas para poder garantizar los servicios en el futuro.

RECOMENDACIONES

Finalmente, Miguel Ángel Santirso, interventor de administración local, ha expuesto una serie de recomendaciones en relación a la tributación local.

Aquí, Santirso remarca que dado que "a corto plazo" las transferencias de otras administraciones a entidades locales "no van a mejorar", apuesta por "mantener e incrementar los niveles de recaudación tributaria" para su financiación.

En lo tocante a esta cuestión, en el caso del impuestos de bienes inmuebles (IBI), principal fuente de recaudación impositiva de los ayuntamientos, la Red Localis considera que el elemento básico para su mejora es la actualización de las ponencias de los valores, ya que presentan en su gran mayoría "antigüedades superiores a 10 años".

Además, cree necesario limitar la gestión, especialmente en el caso de bienes rústicos a aquellos recibos cuya cuantía exceda de los costes de gestión que generan, puesto que la mitad de los recibos no llegan ni a 10 euros.

También señala que las tasas de recogida de basura están "muy por debajo de su coste". En el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) llama a revisar el criterio de sujeción para evitar actuaciones claramente "abusivas", puesto que se dan muchos casos de registros en otros ayuntamientos al propio para beneficiarse de una fiscalidad más baja.

Respecto al IVTM, se aboga por otras medidas para evitar los costes de su gestión anual como el cobro en el momento de la adquisición del vehículo y no de forma anual; al tiempo que se apuesta por modificaciones en el impuesto sobre construcciones (ICIO) o sobre el incremento de valor de los terrenos (IIVTNU).

Junto a esto, se llama a potenciar las nuevas tecnologías, ya que hay una "escasa" implantación de servicios electrónicos tributarios. A modo de ejemplo se pone el municipio de Vilagarcía donde no es posible hacer por vía telemática ni pagos de recibos, ni autoliquidaciones tributarias, ni acceder a documentos ni cuenta con expediente electrónico.

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