La Fiscalía de Cantabria ha decidido abrir diligencias de investigación penal sobre la actuación de Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el banco Liberbank, informa este domingo el diario El Mundo.

La Fiscalía, señala el periódico, intenta esclarecer si López del Hierro cometió delitos de apropiación indebida y falsedad documental al cobrar hasta 7.000 euros al mes a través de una filial de Liberbank, Bancantabria Renting, "que negaba que le prestara servicios, tal y como sostiene el exconsejero de Caja Cantabria —también fusionada con Liberbank— Alfonso Díez, que encabeza la denuncia".

"La Fiscalía de la Comunidad de Cantabria investigará los hechos y decidirá si son suficientes como para presentar una querella o si, por el contrario, archiva el caso, tal y como esperan López del Hierro y Liberbank, que niegan irregularidades", añade El Mundo.

El denunciante, Alfonso Díez, exconsejero y responsable en Cantabria del sindicato Comfia-CC OO, presentó una denuncia junto a un trabajador de la entidad, Francisco Manuel Hernández Aja, el pasado 26 de junio a la Fiscalía Anticorrupción, y ésta consideró que los hechos debían ser investigados por la Fiscalía de Cantabria.

Díez, apunta El Mundo, considera que "el hecho de cobrar por no hacer nada puede ser constitutivo de delito de apropiación indebida y falsedad documental".

Liberbank es una entidad bancaria que nació de la integración de tres cajas de ahorros, Grupo Cajastur —en la que se había integrado en 2009 Caja Castilla La Mancha—, Caja de Extremadura y Caja Cantabria, mediante la fórmula del Sistema Institucional de Protección (SIP).

Las distintas cajas firmaron el contrato de integración el 13 de abril de 2011, año en el que Liberbank contrató los servicios de López del Hierro.

Según el diario, el entonces director de Bancantabria Renting, Antonio Huesca, "se negó a desembolsar dinero a López del Hierro al desconocer qué trabajo realizaba éste", alegando que una entidad supervisada por el Banco de España "no podía librar ningún pago a empresas que no nos prestaban servicios".