El PP-A quiere que el Parlamento se sume al rechazo a la supresión de las diputaciones que hicieron visible los presidentes de estas ocho entidades, seis de ellas gobernadas por los socialistas y dos por los 'populares', firmando una resolución política conjunta. Para ello, el PP-A defenderá este jueves una proposición no de ley en la comisión de Presidencia y Administración Local.

En la citada iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP-A reclama que el Parlamento manifieste su respaldo a las diputaciones, e inste a la Junta a hacer lo mismo, "expresando su voluntad de que las mismas perduren en el entramado institucional español como elemento esencial encargado de la cooperación y asistencia a los municipios, y garante último de la dispensa de los servicios municipales a todos y cada uno de los ciudadanos andaluces".

En la exposición de motivos, se explica que el debate en torno a las diputaciones no puede girar, "como han pretendido recientemente algunas formaciones políticas", sobre la supresión o no de las mismas, sino más bien sobre la racionalización de sus funciones, de tal forma que queden definitivamente incardinadas en la cooperación y asistencia al municipio.

Para el PP-A, "por encima de su honda raigambre en nuestra tradición, las diputaciones son hoy un instrumento eficaz de redistribución de la inversión y los servicios que les son debido a los municipios y a sus ciudadanos, centrándose en su desenvolvimiento, precisamente en aquellos más pequeños y carentes de recursos".

"Y por eso, las diputaciones, instituciones como son de carácter derivado o de segundo grado respecto al municipio, carecen de intereses propios, correspondiéndoles la salvaguarda de los que son propios de los municipios", señala el PP-A, que también destaca que el Tribunal Constitucional ha identificado el contenido esencial de la autonomía provincial en la función de asistencia y cooperación de los municipios.

Cuando la diputación cumple con su función de asistencia a aquellos municipios que, por incapacidad técnica o de gestión, no pueden cumplir sus funciones constitucionales por sí solos, aporta un "evidente valor añadido al entramado institucional", ha defendido el PP-A.