La Comisión Técnica de Personas Sin Hogar de Santa Cruz de Tenerife, presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, respaldó este miércoles el diagnóstico realizado por el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) sobre la necesidad de adoptar un enfoque supramunicipal y por ello, se acordó la elaboración de una estrategia insular, en el plazo de un mes, para proponer medidas a corto plazo, en colaboración con las distintas administraciones públicas.

El encuentro contó con la asistencia de la subdelegada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, María Rosario Cabrera; el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Cooperación Municipal y Vivienda, Aurelio Abreu; la consejera de Atención Social, Cristina Valido; el concejal de Atención Social, Óscar García, y la directora general de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Carmen Acosta, además de técnicos de las distintas administraciones y representantes del tercer sector.

El alcalde mostró su satisfacción al comprobar que el documento elaborado por el IMAS es compartido tanto por las distintas entidades como por todas las instituciones implicadas, que coinciden en que la situación de las personas sin hogar en Santa Cruz "requiere soluciones de carácter supramunicipal, dado el perfil de los afectados, su diferente procedencia geográfica o las distintas competencias que entran en juego".

"Es responsabilidad de todos", insistió Bermúdez, quien abogó por "no establecer una receta general para resolver todas las cuestiones planteadas, pues detrás de cada personas sin hogar hay una situación distinta y debe existir una respuesta individualizada".

El alcalde agradeció el compromiso asumido por el Cabildo, "que se ha corresponsabilizado en la coordinación de esta mesa de trabajo que adopte medidas a corto plazo puedan mejorar el sistema, y que en ocasiones nada tienen que ver con nuevos recursos o aportar más presupuesto, sino con corregir determinados aspectos del sistema que no están funcionando".

Asimismo, apuntó que "hay un trabajo a largo plazo que corresponde al Gobierno de Canarias, y pasa por la modificación de la ley autonómica de Servicios Sociales que es del año 1987 y el Plan de Atención a la Pobreza es del año 2003". Según el alcalde, "han pasado muchas cosas desde entonces y las medidas que contienen han de ser actualizadas", dijo.

Bermúdez sugirió, por último, que en el borrador de la futura Ley del Suelo se permita permutar suelo público por viviendas privadas, muchas de ellas ya construidas y vacías por no haber tenido salida en el mercado.

"Ante la falta de recursos para atender la gran demanda de vivienda social que tenemos, podría ser una opción el permutar suelo público por estos inmuebles de promotores privados que podrían quedar a disposición de esas personas en menor plazo de tiempo", indicó.

Por su parte, Óscar García mostró su satisfacción porque el diagnóstico que realizaron los servicios sociales de Santa Cruz ha sido asumido por las administraciones públicas y entidades del tercer sector, "lo que implica dar un paso adelante para ayudar a estas personas sin hogar a tener mejor calidad de vida y poder avanzar en su atención trabajando juntos".

Soluciones individualizadas

Aurelio Abreu, por su parte, abogó "por resolver la situación desde el punto de vista insular, con lealtad y con trabajo", y remarcó que "la normativa en vigor es antiquísima y requiere de nuevos planes y leyes, pero sobre todo de compromiso, porque cada persona y cada situación ha de ser afrontada de forma individual".

En este sentido, llamó a las distintas instituciones a contribuir con políticas de vivienda y empleo a paliar la situación de estas personas, y abogó por agilizar la tramitación de la prestación canaria de inserción.

Por su parte, Cristina Valido, manifestó que hay que felicitarse por un encuentro que ha sido "muy productivo" y ha permitido escuchar opiniones muy interesantes. "La situación de cada persona es muy distinta, pero queda claro que debemos trabajar de forma transversal no solo para mejorar la ayuda, sino también con acciones dirigidas a evitar que haya más personas sin hogar", apuntó.

Por ello, dijo que en un plazo máximo de un mes se espera plantear una hoja de ruta con los principales problemas a resolver, con soluciones consensuadas por parte de todos los agentes sociales y las distintas administraciones con competencias en la materia.