El grupo parlamentario Podemos-En Comú-Compromís-En Marea ha presentado una moción ante la Comisión de Justicia del Senado en la que insta al Gobierno central a que retire los recursos de inconstitucionalidad contra leyes del derecho civil valenciano.

Según señala este grupo en el texto presentado, es "común" la práctica de retirar recursos de inconstitucionalidad por medio de "pactos" entre el Gobierno estatal y el autonómico. En este sentido, destaca que la Comunitat Valenciana "tiene que recibir el mismo trato que han recibido otras comunidades autónomas para casos parecidos si no se quiere incurrir en arbitrariedad y trato discriminatorio".

El grupo del que forma parte Compromís, indica que uno de los principales objetivo de la Ley Orgánica 1/2006 de Reforma del Estatuto de Autonomía, en la que se reconoce a los valencianos la condición de "nacionalidad histórica", es "restablecer la competencia sobre el derecho privado para los valencianos e igualarnos al resto de pueblos españoles no castellanos —navarros, catalanes, vascos, baleares y aragoneses— y acabar con tan injusta discriminación".

En este sentido, explica que como consecuencia de "esta nueva competencia restablecida" las Corts Valencianes aprobaron leyes como la de 2007 de régimen económico matrimonial valenciano, la de 2011 sobre custodia compartida o la norma de 2012 relativa a las uniones de hecho de la Comunitat.

Estas leyes fueron objeto de recursos de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central, sin que a día de hoy se haya pronunciado el Tribunal constitucional, a pesar de que de la primera norma recurrida han pasado siete años.

Asimismo, subraya que un pronunciamiento del Tribunal Constitucional determinante de inconstitucionalidad de estas normas "generaría graves consecuencias jurídicas y aumento de litigiosidad en ámbitos tan importantes como el régimen económico matrimonial de los valencianos casados a partir del 1 de julio de 2008, en materia de custodia compartida y también respecto de las uniones de hecho de parejas valencianas".

Para este grupo parlamentario, el derecho valenciano "posibilita dar una respuesta ágil, moderna y propia a los problemas actuales de los valencianos y permite concluir la discriminación que sufrimos como pueblo desde hace más de tres siglos después de la abolición de los fueros en 1707, que requiere de forma inaplazable, la retirada por parte del Gobierno estatal de los recursos de inconstitucionalidad contra las normas de derecho civil valenciano".