Las ciudades gallegas gobernadas por las Mareas se han sumado a las iniciativas de protesta contra la política de la Unión Europea (UE) por el trato que se está dando a las personas refugiadas y al principio de acuerdo alcanzado con Turquía.

Así, en el Ayuntamiento de A Coruña, el gobierno local, de la Marea Atlántica, ha acordado bajar la bandera de la Unión Europea de la fachada de María Pita como muestra de rechazo al principio de acuerdo entre Europa y Turquía, "que supondrá el cierre de las fronteras para las personas que piden refugio".

Asimismo, el Ayuntamiento de Ferrol, gobernado en coalición entre Ferrol en Común y el PSdeG, arriará la bandera este miércoles, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales, mientras que el Consistorio de Santiago debatirá en el pleno de este jueves una iniciativa de Compostela Aberta para situar la enseña a media asta.

Por su parte, el gobierno local de Pontevedra, del BNG, ya arrió este martes la bandera de la Unión Europea (UE) de la fachada del Ayuntamiento "en protesta por las políticas comunitarias contra los refugiados".

Acto simbólico

En un comunicado, el gobierno coruñés asegura que con la bajada de la bandera ha querido expresar, con un acto "simbólico" , su "frontal oposición" a la actuación de la Unión Europea.

Así, la concejala de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, cuestiona que "se impida" que puedan entrar en Europa "unos dos millones de refugiados sirios, afganos o iraquís".

"Se facilitarán 6.000 millones de euros para la atención a las personas refugiadas y demandantes de asilo, pero, a la vez, se bloqueará el acceso a los países de acogida". La edil, que recuerda que A Coruña forma parte de la red de las ciudades refugio, apunta que el acuerdo "infringe la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

Al respecto, sostiene que si se permite que se lleve a cabo este tratado, la Unión Europa "vulnerará los derechos de las personas solicitantes de asilo y, además, rebajará su calidad democrática y humanitaria".

Por ello, insta a que las instituciones denuncien un acuerdo que "de forma tan manifiesta, atenta contra los derechos humanos e incumple todos los tratados internacionales de asilo", apostilla.