La Junta de Andalucía "renueva su compromiso" con personas mayores y con discapacidad atendidas en Arjona (Jaén) en un encuentro para la firma del convenio de colaboración entre la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y el Ayuntamiento para la continuidad de la prestación del servicio de atención especializada en régimen residencial.

"Esta firma viene a garantizar el compromiso de la Junta de Andalucía con el sostenimiento de las diez plazas concertadas en Arjona para personas con discapacidad, que supondrán una inversión superior a 153.300 euros al año para esta localidad", ha destacado La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén, Teresa Vega, que se ha reunido con el alcalde, Juan Latorre.

Según ha explicado, en Jaén existen 2.600 plazas concertadas para atender a personas mayores en centros residenciales, así como a personas con discapacidad. La ocupación actual de estas plazas alcanza el 99 por ciento y supone un coste cercano a los 40 millones de euros cada año.

"Desde la Junta de Andalucía ponemos todo nuestro esfuerzo en que las personas en situación de dependencia cuenten con los recursos necesarios y suficientes para disfrutar del derecho a ser atendidos, especialmente en las zonas rurales, donde el mantenimiento de estas personas en su entorno familiar favorece la calidad en la prestación y facilita el cuidado a las familias, además de fomentar y mantener el empleo en pequeños municipios", ha enfatizado.

En este sentido, Vega ha señalado que el Gobierno andaluz es la administración garante de estos derechos, que permiten prestar asistencia a la población más vulnerable, especialmente sensible en situaciones como las que atraviesan ahora muchas familias.

Igualmente, ha resaltado que la Junta está sosteniendo este sistema "a pesar de los recortes" del Ejecutivo central, "que han supuesto que Andalucía deje de recibir 508 millones de euros desde 2012" y que financie el 78 por ciento de la inversión total asociada a esta prestación, "en contra del compromiso de cofinanciación al 50 por ciento que recoge la propia ley de Dependencia".

Ley de servicios sociales

La delegada, asimismo, ha valorado el compromiso de la Junta con las prestaciones sociales a través del proyecto de Ley de Servicios Sociales. "Sus objetivos principales se dirigen a prevenir, dar cobertura y atender las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su medio; mejorar su bienestar y proteger de manera especial a aquellas que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad", ha dicho.

La futura ley, que sustituirá a la vigente desde 1988, introduce como principales novedades la ampliación de derechos; el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas, que podrán ser exigibles por la ciudadanía; la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social Digital para cada persona, y la constitución del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Andalucía.

En relación con los nuevos derechos, la persona usuaria podrá decidir su propia intervención y deberá disponer de un profesional de referencia que garantice el carácter integral y la continuidad de la atención. Este profesional realizará la valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de las prestaciones y recursos necesarios, además de ayudar a la ciudadanía en la toma de decisiones.

CATÁLOGO

Respecto al catálogo de prestaciones garantizadas, estas tendrán la consideración de derecho subjetivo y, por tanto, podrán ser exigidas ante los tribunales de justicia. Formarán parte de esta lista, al menos, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento; los específicos de protección de menores en situaciones de riesgo o desamparo y los programas de intervención social y su seguimiento.

También se incluirán la teleasistencia, la atención en urgencia social, las prestaciones económicas específicas y directas contra la exclusión y para la erradicación de la marginación y la desigualdad, la protección y amparo de las víctimas de violencia de género y trata, y la protección jurídica y social de personas con capacidad limitada.

Además, entre las prestaciones garantizadas, la ley contemplará las vinculadas a los servicios sociales y ayudas económicas derivadas de la Ley de Atención a la Dependencia. Actualmente, la comunidad autónoma concentra el 23,61 por ciento de todas estas prestaciones en el conjunto de España y el 22,77 por ciento de las personas beneficiarias.