El Ayuntamiento de Málaga estima que unas 180.264 personas, entre ellas 33.926 menores, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en la capital, según un estudio municipal que analiza las condiciones de vida de las familias vulnerables en la ciudad y que ha presentado este lunes el edil de Derechos Sociales, Julio Andrade.

Elaborado por el Observatorio Municipal para la Inclusión Social, este documento tiene un triple objetivo: describir las condiciones de vida de los niños que conviven con familias en riesgo de exclusión; aportar información a los profesionales que trabajan en este ámbito social y fundamentar las políticas de infancia de la ciudad.

El estudio se ha realizado a partir del padrón de habitantes de enero de 2014 con una selección de familias atendidas por los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) en el año 2013. Se considera infantil a la población menor de 16 años.

Para realizar este estudio se han seleccionado a 7.911 familias en las que conviven personas menores de 16 años. El primer dato que se obtiene es que en estas familias la población infantil —28,7%— es mayor que la existente en el resto de familias malagueñas —17%—, por lo que se evidencia que la población infantil tenga más riesgo de pobreza o exclusión, ha apuntado Andrade en rueda de prensa.

Distribución territorial

En su distribución territorial por distritos, el porcentaje de la población infantil atendida es mayor en Palma-Palmilla —25,4%—, Campanillas —21,8%— y Bailén-Miraflores —21%—, siendo los distritos donde menos niños hay los de Carretera de Cádiz —10,6%—, Málaga Este —6,5%— y Teatinos-Universidad —4,2%—.

En cuanto a su nacionalidad, un 83,5 por ciento es español y el 16,5 por ciento ha nacido en otros países, procediendo fundamentalmente del continente africano —55,1%—. El país con mayor presencia es Marruecos, que alcanza un 35,8 por ciento del total de los menores atendidos.

Por otro lado, el estudio revela que tres de cada cuatro familias tienen que hacer frente al pago mensual de un alquiler o una vivienda. Concretamente el 54 por ciento reside en viviendas de alquiler. Un 34 por ciento tiene viviendas en propiedad, aunque dos de cada tres aún tiene pendiente el pago de la hipoteca. El resto vive en domicilios cedidos gratuitamente.

Estudios y actividad económica

El nivel educativo de las personas de 16 o más años revela que el 50 por ciento no tiene estudios —un 7,3 por ciento es analfabeto y un 42,7 no tiene finalizado la educación primaria—. Un 38,7 por ciento tiene terminada la educación primaria, alcanzando sólo la educación secundaria algo más de un cuatro por ciento y algo menos del dos por ciento tiene estudios universitarios.

La tasa de paro alcanza el 71 por ciento, siendo las personas jóvenes las más afectadas, ya que en el grupo de edad de entre 16 a 24 años el desempleo se eleva al 87,7 por ciento. La población que trabaja lo hace básicamente en el sector servicios, con un 50,5 por ciento.

Tanto en el nivel educativo como el laboral se hace evidente la brecha existente entre este sector poblacional y el resto de la población malagueña, andaluza o española. Así, frente al 50 por ciento de los usuarios del SSAP que no tiene estudios, el porcentaje en la provincia de Málaga es del 12,5 por ciento, del 13,8 en Andalucía y del 9,3 en España.

En cuando a la tasa de paro, frente al 71,2 por ciento de los usuarios del SSAP, en la provincia de Málaga se sitúa en el 35,7 por ciento, en Andalucía en el 36,2 y en España en el 26,1.

Necesidades reales

Las carencias reales más frecuentes de estas familias son las relacionadas con la falta de medios para atender las necesidades básicas: carencia de ingresos en general un 28 por ciento, carencia de medios para alimentos un 8,6 por ciento y carencia de medios para los gastos de vivienda un 7,8 por ciento.

En segundo lugar aparecen las relacionadas con la inserción laboral o escolar. Un 13,9 por ciento tiene dificultades para encontrar trabajo por ser parados de larga duración y un 3,3 por ciento por formación deficiente. Además, un 5,6 por ciento tiene dificultad de inserción educativa por absentismo escolar.

En tercer lugar aparecen las necesidades relacionadas con los desajustes en la convivencia familiar: dificultad para atender a miembros de la familia que requieren atención específica un 3,8 por ciento y deterioro de las relaciones familiares un 3,4 por ciento.

La distribución de las necesidades diagnosticadas por distritos municipales también evidencia una desigualdad territorial en la ciudad, siendo los más deficitarios los distritos de Campanillas, Puerto de la Torre y el Centro. Sin embargo, la mayor parte de la población con necesidades se encuentra en determinados barrios, perfectamente localizados en cada uno de los distritos.

Conclusiones del estudio

El estudio elaborado por el Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento concluye en que la desigualdad en la distribución de los recursos es el factor principal en la creación de la pobreza infantil.

Existen otros factores importantes que incrementan este riesgo de pobreza. Aunque aspectos como la nacionalidad, el tamaño del hogar o la monoparentalidad son importantes, lo que explica mejor este tipo de situaciones son las variables sociales, entre las que se encuentran los ingresos familiares, el lugar de residencia, el nivel educativo o la situación laboral de los padres.

Uno de los factores de exclusión social que ha cobrado importancia durante la crisis es la seguridad residencial originada por el elevado porcentaje de familias que viven en régimen de alquiler o en viviendas hipotecadas.

También se ha evidenciado que el riesgo de pobreza en menores está fuertemente ligado al nivel educativo de los padres, la baja cualificación profesional y el bajo nivel de exigencia.

Además, se constata que las diferencias con el conjunto de la población se mantienen en el tiempo, convirtiéndose en un fenómeno estructural, en el que las brechas educativa, laboral y de género juegan un papel determinante.

El estudio finaliza afirmando que estas condiciones de vida tienen consecuencias en el desarrollo de los niños, que tienen más probabilidades de comenzar sus vidas en situación de desventaja. Sus efectos pueden durar toda su sus vidas y tener continuidad en generaciones futuras.

Políticas de infancia y familia

La respuesta del Ayuntamiento de Málaga ante la situación detectada es incrementar en más del 30 por ciento el presupuesto destinado a políticas de infancia y familia, alcanzando los 9.422.052 euros, frente a los 6.913.602 consignados en el año 2015.

A esta cifra hay que sumar el montante procedente de la Convocatoria de Subvenciones de Derechos Sociales, que ascenderá a 541.000 euros, y que incluirán un porcentaje aún sin determinar destinado a programas que atiendan las necesidades de menores y familias.

Además, se creará un grupo de trabajo multidisciplinar, en el que los técnicos propondrán las medidas necesarias para tratar la pobreza infantil en la ciudad.