El Gobierno de Aragón tomará conocimiento del anteproyecto de Ley de Función Pública este mes, según ha avanzado este lunes el director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Zarazaga, quien ha comparecido ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes autonómicas.

Ha justificado esta nueva ley, anunciada por el presidente, Javier Lambán, porque la norma actual "no se adapta a la realidad de la Administración", añadiendo que el ordenamiento jurídico sobre este ámbito está "fragmentado, derogado o desplazado". Ha apelado a "la legitimación democrática, la modernización y la sostenibilidad financiera".

El Gobierno trabajará para "contar con el máximo consenso", no solamente de los sindicatos de la función pública, sino también con los grupos parlamentarios, para que la nueva ley perdure "en las siguientes generaciones".

La nueva Ley de Función Pública debe hacer hincapié en los "déficits" de la anterior —todavía vigente—, potenciar el diálogo, facilitar la coordinación entre Departamentos, ser útil para la gestión de las entidades locales, promocionar la implantación de nuevas herramientas en la Administración, actualizar la visión estratégica e implantar "un modelo global, completo, sistemático", ha dicho Zarazaga, quien ha impulsado el estudio pormenorizado del proyecto de ley que no vio la luz en la legislatura pasada.

Ha observado que, junto con la nueva ley, se deberán aprobar entre 15 y 20 reglamentos para desarrollarla, regulando aspectos como las diferentes situaciones administrativas y el régimen disciplinario.

Recursos humanos

En cuanto a los recursos humanos, Ignacio Zarazaga ha dicho que la organización deberá ajustarse a "las nuevas necesidades", no solamente por la contención del gasto, sino también para no reforzar la gestión interna de la Administración y transferir estos recursos a la prestación de servicios públicos al ciudadano.

El Gobierno ha impulsado la movilidad interna de los empleados públicos, implementando una convocatoria en febrero que afecta a más de 800 personas, ya que desde 2011 no se había llevado a cabo ningún proceso de habilitación de personal laboral para otras funciones.

Desde el pasado mes de julio se han convocado 13 concursos de méritos para cubrir, de forma interna, 1.500 empleos de funcionario y 667 de personal laboral, y en los próximos dos meses culminarán otros cinco procedimientos movilizando otros 1.500 puestos, ha expuesto Zarazaga, quien por otra parte ha indicado que está convocado el 97 por ciento de las ofertas pendientes para disminuir la temporalidad y solo quedan tres, que se acumularán a la Oferta de Empleo Público de 2015, que se terminará de convocar en abril. El Gobierno está "en disposición" de aprobar la OPE de 2016.

A preguntas de los grupos, el director general ha informado de que el número de altos cargos se ha reducido un 8,3 por ciento y el de personal eventual un 23 por ciento desde el inicio de la legislatura. En cuanto a los salarios de las entidades de derecho público, nueve de 10 ya se han ajustado a los sueldos de los altos cargos del Gobierno de Aragón y se está realizando un estudio pormenorizado de las sociedades mercantiles.

En qué están atascados

La parlamentaria del PP, Yolanda Vallés, ha preguntado a Zarazaga "en qué están atascados para no poder tener ya el anteproyecto" y le ha espetado que ha aumentado el número de jefes de servicio de libre designación, lo que el director general ha negado después. También ha lamentado que el pago de sexenios no se ha solucionado.

El diputado socialista, Alfredo Sancho, ha animado al director general a continuar con la tarea emprendida y a seguir contribuyendo a que la función pública sea "ejemplar".

La parlamentaria de Podemos, Marta de Santos, ha dicho que si Gobierno y sindicatos han roto la comunicación el pasado mes de diciembre "no puede avanzar" el proceso legislativo, asegurando que "no la vamos a tener en dos semanas".

En representación de C's, Javier Martínez ha preguntado a Zarazaga si cree que la eliminación de duplicidades institucionales o la mejora del sistema comarcal mejoraría la calidad del rendimiento de la Administración y qué impacto tendría en la Ley la reorganización de las Administraciones locales.

La diputada del PAR, Elena Allué, ha echado en cara al director general que Lambán prometió presentar la nueva ley en el primer semestre de la legislatura y también reformar la arquitectura institucional y recuperar la calidad de los servicios. Además, "el Gobierno sigue sin controlar el gasto, contratando personal a dedo", pese a que anunció que lo reduciría, ha criticado.

Desde CHA, en representación del Grupo Mixto, Gregorio Briz ha dicho que la reforma de la Administración redundará en la mejora de la calidad de los servicios públicos y ha afirmado que la nueva Ley de la Función Pública debería haberse aprobado en la legislatura pasada.