La Plataforma Córdoba Aire Limpio ha mostrado su "preocupación" ante "el incremento de amenazas que están recibiendo tanto miembros de la plataforma como del gobierno municipal por parte de personas que se oponen a que el Ayuntamiento regule el uso de combustibles alternativos para la generación de energía, tal y como acordó el Consejo de la Gerencia de Urbanismo en su sesión celebrada el pasado día 25 de noviembre".

Así lo ha expuesto la plataforma en una nota este domingo en la que ha destacado que, con dicho acuerdo, el Ayuntamiento de Córdoba, "propiciado por la fuerte demanda ciudadana, pretende regular en qué emplazamientos podría autorizarse esta actividad y en qué emplazamientos, por su proximidad a zonas escolares o residenciales, no podría autorizarse".

Para la plataforma, "es de sentido común que la ciudad se dote de una ordenanza municipal que regule esta actividad por su potencial peligrosidad para la salud de los habitantes de los barrios próximos, fundamentalmente la población infantil".

La citada plataforma añade que, ante el anuncio de la regulación de esta actividad con carácter general, "la multinacional brasileña Votorantim, propietaria de la fábrica de cementos Cosmos, en la que se pretende sustituir hasta un 30 por ciento del combustible convencional que utiliza en el proceso de fabricación por combustibles alternativos, básicamente neumáticos usados, lodos de depuradora, plásticos agrícolas y residuos sólidos urbanos, ha respondido con la amenaza de despidos o incluso del cierre de la fábrica".

La Plataforma Córdoba Aire Limpio ha apuntado que entiende esta situación como "un chantaje a la ciudad", pues pretende con ello "enfrentar el derecho a la salud de la ciudadanía con el empleo, argumento reiteradamente utilizado por los sucesivos propietarios de la fábrica desde que esta empezó a funcionar en los años 30 del siglo pasado siempre que los vecinos se han movilizado exigiendo medidas contra la contaminación ambiental provocada por la cementera".

Según ha explicado la plataforma, los propietarios de la citada fábrica "nunca han adoptado iniciativas de mejora de su sistema de fabricación para evitar emisiones perjudiciales para la población, salvo cuando la presión ciudadana así se lo ha exigido"; y a estas reivindicaciones siempre han respondido "con amenazas de reducción de los puestos de trabajo", algo que, a juicio de la plataforma, "es absolutamente falso, pues nunca se han producido despidos motivados por reivindicaciones ciudadanas, sino por las políticas e intereses económicos empresariales".

"Esta amenaza ha creado un clima de crispación en la ciudad que ha ido subiendo de tono —desde increpaciones en lugares públicos hasta llamadas telefónicas a domicilios particulares—, hasta llegar a la situación actual en la cual se cruzan mensajes en las redes sociales con advertencias de agresión que deberían ser objeto de investigación policial", añade.

La plataforma, que en la actualidad está desarrollando un campaña informativa por toda la ciudad presentando sus argumentos a aquellos colectivos ciudadanos interesados, quiere mostrar especialmente su solidaridad con el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, que "está siendo objeto de estas amenazas con especial reiteración".