Las demandas de ejecuciones hipotecarias iniciadas el pasado año en Murcia caen un 8%

El número de demandas de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2015 en la Región de Murcia fue de 4.002, lo que representa un descenso del 8 por ciento respecto a las presentadas el año anterior, según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que ha hecho público este viernes la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El número de demandas de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2015 en la Región de Murcia fue de 4.002, lo que representa un descenso del 8 por ciento respecto a las presentadas el año anterior, según el informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' que ha hecho público este viernes la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El descenso, sin embargo, es menos acusado que el 15,5 por ciento que se registra a nivel nacional. En términos absolutos, la entrada de ejecuciones hipotecarias el pasado año en los juzgados de la Región se sitúa sólo por debajo de Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid.

Andalucía es la única de las 17 Comunidades Autónomas en la que no se registró una bajada de las ejecuciones hipotecarias en 2015: las 17.365 iniciadas -una de cada cuatro a nivel nacional- suponen un incremento del 2,2 por ciento respecto al año anterior.

El número de lanzamientos practicados el año pasado fue de 2.750, lo que supone un descenso del 3 por ciento respecto a los 2.840 de 2014. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

La mayoría de esos lanzamientos -1.851, el 67 por ciento- se derivaron de ejecuciones hipotecarias, mientras que otros 826 (30 por ciento) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y los 73 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler y los derivados de ejecuciones hipotecarias experimentaron una disminución del 4 y el 3,4 por ciento, respectivamente, en 2015.

Atendiendo solo a los lanzamientos que fueron consecuencia de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Valencia, con 5.767; seguida por Andalucía, con 5.707; Cataluña, con 5.337; y Canarias, con 2.159. Luego sigue la Región de Murcia que se sitúa por encima de Madrid, que registró 1.736.

El número de concursos presentados en los juzgados de lo Mercantil de Murcia en 2015 fue de 182, un 29 por ciento menos que los registrados el año anterior, siendo la cifra anual más baja de los últimos siete años.

En España, uno de cada cinco concursos, hasta un total de 1.224, se presentó en Cataluña, seguida por Madrid -con 984- y la Comunidad Valenciana, donde se registraron otros 966.

En la Región, el número de concursos declarados fue de 129. A ellos que hay que añadir otros ocho declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal, que prevé la conclusión por insuficiencia de masa en el mismo auto de declaración del concurso.

Alcanzaron la fase de convenio 57, fueron aceptados 26 y cumplidos 11. en 2015. El número de concursos que iniciaron la fase de liquidación fue de 124.

Por último, el año pasado se presentaron 15 expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo.

Las 3.009 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en 2015 supusieron un descenso del 4,4 por ciento respecto a las registradas el año anterior. Como en el caso de los concursos, se trata de la cifra más baja de los últimos siete años. Aunque la evolución a la baja es más moderada en la Región que la media del conjunto del país, que alcanza el 11,6 por ciento de descenso.

Sin embargo, los Juzgados de lo Social registraron el año pasado 2.973 reclamaciones de cantidad, un 8 por ciento más que en 2014.

El informe señala, asimismo, que los procedimientos monitorios presentados el año pasado en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 25.067, lo que supone una disminución del 1,8 por ciento respecto a 2014.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

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