El denominado cártel del fuego, la trama que supuestamente amañó contratos relacionados con la extinción de incendios en la Comunitat Valenciana y en otras seis autonomías, llegó a defraudar  hasta 150 millones de euros a través de la concertación de concursos públicos que sumaron un importe total que supera los 1.000 millones de euros.

El caso estalló definitivamente el 29 de mayo de 2015, cuando el entonces delegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, fue detenido por presuntas irregularidades en la adjudicación de concursos relacionados con aviones para la extinción de incendios durante su etapa como conseller de Gobernación. La investigación del juzgado de Instrucción número 2 de Sagunt (Valencia) se fue ampliando y posteriormente fueron detenidas una veintena de personas, entre ellos ex altos cargos de la Comunitat Valenciana y de Cataluña, además de empresarios, y se practicaron numerosos registros.

Según fuentes de la investigación, el caso se ha extendido hasta afectar a administraciones públicas de Cataluña, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Baleares, y también a Italia y Portugal. Por este motivo, el juzgado ha acordado enviar el procedimiento a la Audiencia Nacional, dado que los presuntos delitos investigados trascienden los ámbitos autonómico y nacional.

Castellano fue arrestado a raíz de los presuntos regalos en forma de rifles y cacerías que habría recibido del propietario de la empresa Avialsa T35, Vicente Huerta. De hecho, en los registros practicados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el domicilio del ex delegado del Gobierno hallaron 10 relojes de alta gama y hasta fotos de las cacerías.

Las mismas fuentes señalan que el amaño de contratos giraba en torno a esta empresa, que era la única que tenía concedido en exclusiva el modelo de Air Tractor para Europa, el más solicitado para la extinción de incendios forestales. Cuando alguna de las empresas no disponía de este modelo, se las prestaban entre ellas para concurrir a los concursos públicos en condiciones ventajosas, con lo que finalmente resultaban adjudicatarias del mismo.

Los empresarios, que representaban a ocho o nueve compañías, explican estas mismas fuentes, se reunían "de forma periódica, cada cuatro o cinco meses" en un hotel de Manzanares (Ciudad Real), donde presuntamente pactaban los concursos y los precios, e incluso llegaban a levantar actas de los encuentros.

Entre los delitos que se imputan a los investigados en esta causa se encuentran los de alteración del precio de las cosas, malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho.

Antes de enviar el causa a la Audiencia Nacional, el juzgado dividió el procedimiento en cuatro piezas separadas: una sobre la alteración del precio de los concursos; una segunda sobre la adjudicación de obras de hospitales a un empresario amigo de Castellano, José Miguel Pérez Taroncher; una tercera sobre un asunto relativo a un plan urbanístico y una cuarta sobre irregularidades en las licencias de aeródromos.

Serafín Castellano ha sido una figura relevante del PP valenciano en las dos últimas décadas. Fue portavoz en Les Corts, conseller de Sanidad y de Gobernación, delegado del Gobierno y, a nivel orgánico, secretario general del partido.

La trama de la que van surgiendo otras tramas. Así ven los investigadores el caso Imelsa, que se ha convertido en un macroproceso con decenas de imputados del ámbito municipal y provincial relacionado con una presunta financiación irregular del PP valenciano. A medida que se ha ido tirando de diferentes hilos, han salido otras ramificaciones, como la del presunto blanqueo de capitales en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia. Sobre este último asunto, que ha puesto en jaque a Rita Barberá, se espera el levantamiento del secreto de sumario para el próximo lunes 14 de marzo.