El Gobierno cesa a su delegado en Valencia tras ser detenido por favores a un contratista

  • Serafín Castellano está siendo investigado por presuntos favores a la empresa Avialsa T-35, que recibió contratos para la extinción de incendios.
  • El delegado pudo recibir regalos relacionados con esas adjudicaciones, entre ellos un rifle semiautomático Browning de 1.861 euros.
  • La concesión se produjo cuando Castellano era conseller de Gobernación.
  • La dirección del PP de la Comunidad Valenciana ha acordado su suspensión cautelar de militancia por "deteriorar la imagen" del partido.
  • Por la tarde, Castellano quedó en libertad provisional, con obligación de comparecencia ante la autoridad judicial tantas veces como sea requerido
Alberto Fabra y Serafín Castellano (izq) durante una reunión del PP valenciano.
Alberto Fabra y Serafín Castellano (izq) durante una reunión del PP valenciano.
JUAN CARLOS CÁRDENAS / EFE
Alberto Fabra y Serafín Castellano (izq) durante una reunión del PP valenciano.

La Policía ha detenido este viernes al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, en una investigación sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicaron contratos para la extinción de incendios cuando él ocupaba el cargo de conseller de Gobernación. Castellano coincidió con el presidente de dicha empresa en varias cacerías y el Gobierno ha decidido este mismo viernes destituirle del cargo.

Los agentes han desplegado una operación en Valencia con diferentes registros, entre ellos la vivienda que el delegado posee en la localidad valenciana de Benisanó, según han informado fuentes conocedoras de la investigación. La detención ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto y llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía.

Por la tarde, Castellano quedó en libertad provisional, con obligación de comparecencia ante la autoridad judicial tantas veces como sea requerido, con retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. Castellano abandonó el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto tras declarar durante algo más de media hora, sin hacer declaraciones y en un coche conducido por la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá.

El Tribunal Superior de Justicia ha informado a través de su cuenta de Twitter de que la operación, que sigue abierta, ha sido declarada secreta y en ella también se ha detenido a otras ocho personas.

El pasado mes de octubre se confirmó que los delegados en Valencia de la Fiscalía Anticorrupción investigarían una presunta contratación irregular por parte de la Generalitat valenciana a la empresa de servicios contraincendios Avialsa T-35 y supuestos regalos a Castellano en su etapa como conseller de Gobernación, relacionados con esas adjudicaciones.

Sobre estos hechos, Castellano aseguró que desconocía por qué Avialsa T-35 tiene la factura de un rifle semiautomático Browning de 1.861 euros que, según ha defendido, ha pagado él y nadie le ha regalado, pero que algunos medios de comunicación citan como un regalo de esta adjudicataria de la Generalitat.

La oposición ha reprochado siempre de su gestión en el Consell las adjudicaciones de obras a Construcciones Taroncher, propiedad de un amigo; su participación en una cacería junto al presidente del grupo Avialsa, al que se adjudicó un contrato para la extinción de incendios por 22 millones de euros en 2010, y la firma de contratos con Over Marketing, investigada en un juzgado de Palma por supuesta financiación ilegal del PP balear.

En los diarios se han publicado imágenes de cacerías de Castellano con Vicente Huerta, presidente de Avialsa, dada su afición por la caza de patos y perdices.

Rajoy le destituye y el PPCV le suspende de militancia

Tras conocer su detención, el Gobierno ha decidido su cese como delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de la destitución en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros y "tras las informaciones conocidas de que se halla incurso en una investigación judicial".

También el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de la Comunitat Valenciana ha acordado la apertura de expediente informativo al delegado de Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, y su suspensión cautelar de militancia por "deteriorar" la imagen del partido, según ha informado en un comunicado.

Además se señala que las informaciones "conllevan un deterioro publico muy significativo de la imagen del PPCV dada su gravedad, repercusión informativa e incidencia en la opinión pública, máxime en momentos como los actuales".

Serafín Castellano, una larga carrera en el PP

Castellano ha pasado en pocos días de ofrecer consuelo a Rita Barberá en la noche de las elecciones del pasado domingo —la alcaldesa decía "qué hostia, qué hostia"— a la primera página de la crónica judicial. Pero Castellano tenía ya a sus espaldas una larga carrera política en la que ocupó cargos en el Consell y el PP valenciano, antes de llegar hace un año a la Administración estatal.

Licenciado en Derecho, Serafín Castellano (Benisanó, Valencia, 1969) fue nombrado delegado del Gobierno hace prácticamente un año y por ello tuvo que dejar su escaño en Les Corts Valencianes. De trato afable y dialogante, su trayectoria política de veintisiete años comenzó en el ámbito local y prosiguió en la administración autonómica, que ha compaginado con diversos cargos orgánicos en el Partido Popular valenciano.

Afiliado al PP en 1988, durante siete años fue conseller en tres carteras con cuatro presidentes de la Generalitat (Eduardo Zaplana, José Luis Olivas, Francisco Camps y Alberto Fabra). Además, ha sido vicepresidente provincial de Nuevas Generaciones, vicesecretario del PP, presidente del Comité electoral, presidente provincial del PP de Valencia y finalmente secretario general del PPCV, cargo del que fue relevado tras el resultado de las elecciones europeas de 2014.

En 1999, el entonces president de la Generalitat, Eduardo Zaplana, le convirtió en conseller de Justicia y Administración Pública, cargo que ocupó hasta mayo de 2000, cuando pasó a encargarse de la Conselleria de Sanidad, responsabilidad que desempeñó hasta 2003, con la presidencia de José Luis Olivas.

En 2003, el nuevo president de la Generalitat, Francico Camps, le situó como portavoz del PP de Les Corts Valencianes, y durante esa legislatura se encargó de encauzar un grupo parlamentario marcado por la división entre los seguidores de Zaplana y de Camps, en la supo adaptar sus preferencias del primero al segundo. En recompensa, Camps le nombró durante su segunda legislatura (2007-2011) conseller de Gobernación, con el objetivo de que desarrollara el nuevo Estatuto de Autonomía valenciano, de cuya reforma en 2006 fue uno de los artífices.

Cuando en julio de 2011 Camps renunció a la presidencia de la Generalitat tras ser procesado en la denominada causa de los trajes del caso Gürtel, su sustituto, Alberto Fabra, le mantuvo en el Gobierno valenciano al frente de la Conselleria de Gobernación, a la que en diciembre de 2012 sumó las competencias de Justicia. Fabra recurrió además a él en el congreso regional de 2012 para que fuera el secretario regional del PP, su "número dos" en el partido, del que fue relevado tras los malos resultados del partido en las elecciones europeas.

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