La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha alertado de que empresas con afán de lucro se llevan más de 200 millones de euros al año del presupuesto público (Generalitat-Ayuntamiento de Barcelona) de la atención sanitaria (hospitalaria, sociosanitaria y de transporte), en la ciudad.

La alcaldesa Colau ha presentado hoy un informe sobre la privatización y "mercantilización" de la asistencia sanitaria pública en la ciudad de Barcelona resultado de dos estudios encargados por el gobierno municipal para orientar sus políticas en materia de sanidad y sustentar el nuevo modelo de Salud que propone.

"El informe nos permite ver como hoy más de 200 millones de euros, que es mucho dinero, un 10 % del presupuesto público de atención sanitaria, se contratan con empresas no solo privadas sino con afán de lucro", ha señalado la alcaldesa que ha puntualizado que esto "puede colisionar" con la garantía de los servicios básicos desde el sector publico.

Ada Colau ha insistido en la necesidad de superar "la inercia privatizadora" en el ámbito de la Salud de los últimos años y "reforzar la presencia pública para garantizar el mejor servicio a los ciudadanos".

El informe analiza cada una de las líneas asistenciales y constata que en los ámbitos de la atención sociosanitaria, el peso de los proveedores privados con ánimo de lucro es del 48%, y es ampliamente mayoritario en la rehabilitación extrahospitalaria o el transporte sanitario, con situaciones como el 100% del transporte sanitario no urgente

El Ayuntamiento de Barcelona apuesta por reducir las privatizaciones y mercantilizaciones en el sistema sanitario de salud tanto en el ámbito hospitalario como en el resto, "discutiendo a fondo sobre el modelo y no sólo sobre gestión", ha resaltado este viernes la alcaldesa, Ada Colau.

El 4% de la atención hospitalaria es privada en entidades con ánimo de lucro, mientras que el 32% es del Institut Català de la Salut (ICS); el 56% es de otras entidades públicas, y el 8% de privadas sin ánimo de lucro.

En cuanto a la atención primaria, el 73,1% es del ICS; el 16% es de empresas públicas y consorcios, y el 10,8% es de entidades privadas sin ánimo de lucro, mientras que en salud mental y adicciones el 24% es de entidades del sector público, el 55% es de privadas sin ánimo de lucro, y el 20% de otras con ánimo de lucro