Tribunales.- Uno de los acusados de la Corrala Alegría alega estado de necesidad y los demás que sólo apoyaban

El Juzgado de lo Penal número seis de Sevilla ha dejado este viernes "visto para sentencia", un juicio celebrado para resolver los presuntos delitos de usurpación y de daños que pesan sobre cuatro personas, a cuenta de la ocupación sin título alguno de las viviendas correspondientes al número 158 de la calle Feria, en la capital andaluza, durante las últimas semanas del verano de 2012.

El Juzgado de lo Penal número seis de Sevilla ha dejado este viernes "visto para sentencia", un juicio celebrado para resolver los presuntos delitos de usurpación y de daños que pesan sobre cuatro personas, a cuenta de la ocupación sin título alguno de las viviendas correspondientes al número 158 de la calle Feria, en la capital andaluza, durante las últimas semanas del verano de 2012.

Hablamos de un episodio de ocupación acontecido las últimas semanas del verano de 2012 en pleno casco histórico de Sevilla. Concretamente, se trataba del número 158 de la calle Feria, cuyas viviendas estaban deshabitadas en el momento de su ocupación. No obstante, este episodio de ocupación protagonizado por unas cinco familias y bautizado como Corrala Alegría apenas se prolongó unas semanas, a cuenta del desalojo acometido por la Policía Nacional.

Más de tres años después de aquellos hechos, el Juzgado de lo Penal número seis de Sevilla había fijado para este viernes una vista oral, a fin de resolver los cargos por presuntos delitos de usurpación y daños que pesan sobre cuatro personas a cuenta de estos hechos. Para ellos se ha reclamado de forma solidaria 18.000 euros por los presuntos daños y multas por usurpación la usurpación de las viviendas.

El juicio, según ha informado a Europa Press Pastora Filigrana, abogada defensora de estas cuatro personas, ha quedado "visto para sentencia" después de que uno de los enjuiciados admitiese que residía en una vivienda del inmueble con su familia, pero por "estado de necesidad" sobrevenida, mientras los tres restantes acusados han defendido que cuentan con domicilio propio y que pernoctaban en estas viviendas a modo de "apoyo", dado que forman parte de las redes de respaldo a las personas desfavorecidas y sobre estos pisos pesaba una "amenaza de desalojo". Todos ellos han solicitado su libre absolución.

Aunque la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la sociedad propietaria de las viviendas, han mantenido las penas solicitadas por un supuesto delito de usurpación de las viviendas, la citada sociedad ha retirado su acusación por un presunto delito de daños, si bien la Fiscalía sí ha mantenido su acusación en este aspecto.

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