El consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano, ha pedido este jueves la "derogación" del Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, aprobado en el año 2012 y con el que se modificó la Ley Orgánica de Universidades, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado inconstitucional su artículo 6, apartados uno, dos y tres, atendiendo así parcialmente a un recurso presentado por la Junta.

En declaraciones a los periodistas en el Parlamento andaluz, el consejero ha valorado así la referida sentencia del TC, que cuenta con "un profundo carácter técnico", pero que, a su juicio, constituye una "oportunidad para reflexionar sobre ese decreto, puesto en marcha como parte del Plan Nacional de Reformas de 2012, hablando de medidas de urgencia", y por el que ya "en aquel momento se planteó que no solamente las cuestiones técnicas recurridas se veían como dificultades, sino que el propio sentido del Plan Nacional de Reformas y el decreto, en lo que tocaba a las universidades, ponía en riesgo el propio sistema universitario".

De esta manera, la Junta "recurrió algunos aspectos del mismo que entendían que, por un lado, invadía sus competencias, y, por otro, principios constitucionales como la autonomía universitaria", según ha abundado el consejero, que ha agregado que en la referida sentencia el TC ha dado la razón "en algunas partes" al recurso de la Junta, en otras no y en otras hay votos particulares, si bien ha insistido en quedarse con el mensaje de que el referido decreto debe ser "derogado a la mayor brevedad".

"Su vigencia hoy en día carece de sentido", ha agregado en esa línea el consejero, que ha destacado que el decreto "afecta a los precios de las matrículas universitarias, obligando a que los másteres fueran multiplicadamente mucho más caros que los grados", así como "afectaba a la educación del profesorado, a criterios de existencia, estabilidad y continuidad en los centros universitarios", cuestiones, según ha remarcado, que "se tienen que tratar con serenidad".

Tras manifestar que "la idea es mejorar el sistema universitario, no generar unas condiciones de incertidumbre tan acusadas" como las que se han estado "padeciendo en el sistema universitario casi cuatro años", el consejero se ha detenido en algunos de los aspectos técnicos de la sentencia.

Así, ha explicado que por parte de la Junta "se discutía que se tuviera que intervenir por parte del Consejo de Política Universitaria del Estado sobre la existencia y puesta en marcha de centros y estructuras universitarias", y en eso le ha "dado la razón" el TC.

Igualmente, "en lo que toca a las tasas universitarias, además de la estructura de tasas que se planteaba, se decía que en el caso de que los precios universitarios que se plantearan no estuvieran cubiertos íntegramente por las becas, las propias comunidades autónomas tendrían que subvencionar la diferencia", una cuestión en la que "hay una discusión", de modo que la sentencia es "desfavorable a lo que planteaba la Junta, pero hay votos particulares" a favor de la posición del Gobierno andaluz.

Además, "en cuanto a dedicación de profesorado, se establecieron unos criterios que se plantearon como una invasión de la autonomía universitaria", algo en lo que "también hay votos particulares", según ha indicado Ramírez de Arellano, que ha concluido señalando que, "por encima de aspectos técnicos", la Junta pide "la derogación de este decreto, que los másteres valgan lo mismo que los grados, que las universidades mantengan la autonomía para la organización interna de sus recursos y actividad, en particular la dedicación del profesorado, y la Junta mantenga, en diálogo con las universidades, sus competencias para organizar el funcionamiento y la estructura de la universidad", según ha concluido.