Los exconsejeros de la Junta de Andalucía Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo han reclamado a la juez María Núñez Bolaños que les entregue una copia de la grabación de la declaración prestada el pasado 13 de enero por el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez dentro de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

En un escrito elevado al Juzgado el 25 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de los dos exconsejeros, Víctor Moreno Catena, solicita igualmente a la juez instructora que se le haga entrega, en formato CD, de una copia de la grabación de la declaración prestada también el 13 de enero por la letrada jefe de la Cámara de Cuentas de Andalucía Margarita Regli Crivell.

El ex interventor general de la Junta de Andalucía, que permanece investigado en esta causa, aseguró en su declaración judicial del 13 de enero que el Consejo de Gobierno conocía el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación utilizadas para el pago de las ayudas investigadas.

Así, puso de manifiesto que tanto el Consejo de Gobierno como las consejerías de Hacienda y de Empleo tuvieron conocimiento de la opinión de la Intervención sobre el empleo de las transferencias a través de las memorias de control financiero permanente relativas a los años 2004, 2005 y 2006.

Manuel Gómez dijo en su declaración que las transferencias de financiación "deben destinarse a su destino genuino pero puede tener otro", ya que "son ambiguas en cuanto al régimen jurídico". "Entre 2000 y 2014 han cambiado mucho los conceptos y como contable entendemos que deben servir para los gastos generales de la empresa, y cuando no es así decimos que el uso es inadecuado, pero ir más allá es arriesgado", subrayó.

Tras indicar que esta materia es "lábil" en cuanto a su régimen jurídico y que "es fácil que se pueda llegar a conclusiones diversas", el ex interventor general de la Junta también desveló que la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez —en su declaración no ha mencionado directamente el nombre de la exministra— habría tenido conocimiento del uso "inadecuado" de las transferencias a través de las memorias anuales de cumplimiento de 2001 y 2002.

Mecanismo "desafortunado"

Manuel Gómez, que incidió en que la Intervención General percibió todo lo anterior desde el año 2001 y advirtió en "decenas" de informes de que se trataba de un mecanismo "desafortunado", también aseguró que no podía fiscalizar los expedientes de Empleo "por falta de objeto", ya que, según dijo, no existía expediente de pago, ni propuesta de subvención, ni orden ni pago.

Al hilo, el ex interventor general afirmó que, a partir del año 2005, y "por decisión de la Consejería", se encargó a la Intervención "asesorar" a los órganos directivos de las empresas públicas de la Junta, entre ellos al Consejo Rector de IDEA, advirtiéndose en el marco de esta "actividad informal" de que "se estaba produciendo un déficit presupuestario que no se podía sostener".

En esta línea, afirmó que todo ello se plasmó en una serie de informes trimestrales remitidos al Consejo Rector de IDEA y anuales dirigidos a la exviceconsejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, añadiendo que mantuvo una serie de reuniones con esta última para abordar el déficit presupuestario de la partida 31L, un déficit que a su juicio constituía "una infracción de la Hacienda Pública" al suponer un gasto superior a lo consignado.

Letrada jefe de la cámara de cuentas

La magistrada también tomó declaración el 13 de enero pasado a la letrada jefe de la Cámara de Cuentas de Andalucía Margarita Regli Crivell, lo que había sido solicitado por el abogado Juan Carlos Alférez, que defiende a un ex alto cargo de IDEA, al entender que dicha comparecencia es "necesaria, clarificadora e imprescindible para el sostenimiento y demostración de las tesis jurídicas defensivas".

La letrada jefe de la Cámara de Cuentas ratificó su informe del año 2012 donde señalaba que las transferencias de financiación podían utilizarse para otros fines distintos a equilibrar el presupuesto de IDEA, mientras que también dijo que, para hacer su informe, no comprobó que los beneficiarios de las ayudas cumplieran los requisitos, ya que "no era su labor", por lo que tampoco comprobó "expediente por expediente" para ver si se cumplían dichos requisitos.