Trabajadores de Fixeda piden ante el juez la extinción de sus contratos y creen que el concurso es "ilegal"

Los trabajadores de Fixeda, empresa de venta y suministros para la automoción con sede central en Marchena (Sevilla) han pedido ante el juez la extinción de los contratos en su totalidad, para así poder acceder a otros puestos de trabajo o al desempleo, y han aportado documentación "que acredita que el concurso de acreedores de Fixeda es ilegal".

Los trabajadores de Fixeda, empresa de venta y suministros para la automoción con sede central en Marchena (Sevilla) han pedido ante el juez la extinción de los contratos en su totalidad, para así poder acceder a otros puestos de trabajo o al desempleo, y han aportado documentación "que acredita que el concurso de acreedores de Fixeda es ilegal".

Fuentes cercanas a los trabajadores han explicado a Europa Press que el juicio finalmente se ha celebrado y se ha desarrollado "por los derrotados establecidos", y en el mismo han comparecido ambas partes con sus respectivos letrados y procuradores.

En el juicio, en el que se han personado más de 40 compañeros de varias provincias de España, el abogado de los trabajadores ha solicitado la extinción de los contratos en su totalidad "ya que no es lícito que existan casi 100 familias con más de siete nóminas adeudadas y así poder acceder a otro puesto de trabajo o en su consecuencia al subsidio de desempleo".

En cuanto a la documentación, los trabajadores han presentado ante el juez documentación suficiente —más de 1.000 folios— donde se acredita que "existe un grupo de empresas, hasta cinco empresas, de las cuales son administradores únicos los dos socios de Fixeda y como han existido trabajadores que han trabajado para ambas empresas del grupo indistintamente —acreditando vida laboral de cada una de ellas—".

Los trabajadores, por tanto, dan a entender que "si ha habido un concurso de Fixeda, lo debería de haber sido del conjunto completo de cada una de las empresas de las cuales son administradores, más si cabe cuando la empresa Fixeda ha prestado dinero a sus otras empresas, dinero que nunca ha sido reembolsado de nuevo a la empresa originaria Fixeda como prestamista".

Ademas han presentado documentación que acredita que el concurso de acreedores "es ilegal", ya que, según argumentan, "la ley dice que para poder presentar un concurso la empresa en este caso Fixeda deben darse tres trimestres seguidos de bajada de ingresos, lo que en este caso no se cumple, ya que en uno de los trimestres la empresa iba creciendo".

Dos administradores

Han explicado que además han presentado pruebas "que acreditan que estos dos administradores de Fixeda tenían montado la sucesión de la misma cada uno de ellos por separados y de las cuales una de ellas ya está en funcionamiento como nombre Regacar y siendo él administrador de la misma su hijo y así acreditando con documentación suficiente que el verdadero administrador es uno de los administradores de Fixeda y afincado en la provincia de Cáceres".

Además, han acreditado un estudio económico "donde se puede ver claramente las anomalías de las cuentas de Fixeda y donde se aprecia que lo dos administradores han amortizado prestamos con el dinero de Fixeda para evitar responsabilidad personales".

Por último, el abogado de los trabajadores ha trasladado al juez que quería la comparecencia testimonial de seis personas para testificar físicamente y que han trabajado en distintos departamentos en conjunción de varias empresas del grupo y siendo su remuneración solamente por la empresa Fixeda, aunque el juez considera que no hacía falta ya que "la documentación presentada acreditaba lo expuesto".

Los trabajadores ven positivo el desarrollo del juicio, "ya que estamos hablando que hoy por fin hemos podido presentar todo lo que sabíamos y que teníamos guardado como oro en paño, donde se acredita que estos dos administradores de Fixeda lo único que han hecho es cometer irregularidades y actuar de mala fe con sus trabajadores".

Por tanto, estos trabajadores esperan que haya justicia, esperan que "se nos dé la libertad, que os rescindan nuestros contratos y que el juez en su sentencia, que esperamos que sea en un plazo máximo de 10 días, nos de la razón de cada una de las irregularidades y que declare culpables a estos dos administradores y que de una vez por todas se haga justicia".

Han anunciado que si la sentencia es diferente a la que los trabajadores pretenden, presentarán en el organismo que proceda un recurso a esa sentencia "hasta que se nos de la razón, y si hace falta acabaremos en la Audiencia Nacional".

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