Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos han aprobado este miércoles en las Cortes de Castilla-La Mancha una Proposición no de Ley de los socialistas, instando al Ejecutivo central a que deroguen las tasas en el ámbito judicial recogidas en la Ley 10/2012 de 20 de noviembre.

El texto, que ha sido rechazado por el Partido Popular, también busca el compromiso del Gobierno para destinar a la partida de justicia en los Presupuestos Generales del Estado el importe que la media europea destina a ella.

La parlamentaria socialista Josefina Navarrete se ha encargado de presentar este texto que ha definido como "infame", asegurando que las tasas introducen "un efecto disuasorio casi absoluto", y lamentado el modelo "insolidario" que introdujo el PP con esta norma, "clara y alevosamente inconstitucional".

"Gallardón consiguió lo que ningún otro ministro ha conseguido en democracia, poner a todos de acuerdo en contra de esta ley", ha señalado Navarrete, que ha incidido en que las tasas "dinamitan el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva" y en que esa ley, además, "no ha mejorado el servicio ni reducido atascos".

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de Podemos en la Comisión, David Llorente, que ha visto el texto "oportuno en sus motivos", convencido también de que las tasas judiciales "han sido ineficaces para reducir el número de litigios", ya que en Castilla-La Mancha "se ha mantenido la sobrecarga".

Además, se ha referido a una sentencia de febrero 2012, según la cual "existe vulneración de derechos constitucional a una tutela judicial efectiva a empresas de gran disensión pero no en cualquier caso, y particularmente no cuando se impide el acceso a la justicia por motivos económicos", para argumentar la posibilidad de que determinadas tasas "puedan ser inconstitucionales".

Guarinos, que ha pedido a ambos grupos que "no se arroguen competencias que no les corresponden", ha recordado al diputado de Podemos que esa sentencia es anterior a la ley de tasas judiciales, luego es "radicalmente falso" que con ella se esté evidenciando la inconstitucionalidad de la norma a debate, siendo el Tribunal Constitucional el que debe pronunciarse al respecto.

Dicho esto, y tras reconocer que ha podido existir "malestar" con este texto, ha apuntado que el PSOE "volvió a incluir las tasas judiciales" en 2003, a través de un Proyecto de Ley que "ha estado tan preocupado que no ha derogado ni modificado" y que "incrementó" esas tasas, y ha recordado que el derecho a la justicia gratuita existe a través del turno de oficio y que en el orden penal, donde se producen "la gran parte" de los procesos del país, no hay tasas.