Louzán aporta contratos de alquileres de otros locales para acreditar que no hubo sobreprecio en su arrendamiento

El dirigente popular, "satisfecho" por poder contestar a todas las preguntas planteadas con el juez y aportar documentos

El presidente el PP de Pontevedra y expresidente de la Diputación, Rafael Louzán, ha defendido que el precio del arrendamiento de los dos bajos comerciales que le tiene alquilados en Vigo al concejal popular y diputado provincial Severino Reguera se corresponden con los del mercado en 2008, fecha en la que se firmó el contrato de arrendamiento.

Tras prestar declaración en Cambados durante casi tres horas ante el juez que instruye el caso, Rafael Louzán ha revelado que presentó ante el instructor contratos de alquiler de otros bajos de la misma calle, así como el informe de una inmobiliaria y de una empresa tasadora "que avalan que los precios del alquiler de los locales utilizados por Severino Reguera entre dentro de la media de lo que se pagaba en la zona en aquel momento".

Rafael Louzán se ha mostrado "satisfecho y contento" de poder aclarar con sus propias palabras y con documentos todas las preguntas que le han sido planteadas por el juez instructor.

También ha reconocido estar sorprendido por el hecho de que este caso no se hubiera cerrado antes.

El presidente de los populares pontevedreses ha señalado no comprender de qué manera Severino Reguera le podría haber beneficiado a él o viceversa. "Nuestra relación no es más que una actividad comercial perfectamente reglada y por la que yo pago mis impuestos", ha esgrimido a las puertas del juzgado.

"daño" en su imagen

Coincide Rafael Louzán con el concejal de Pazos de Borbén en que detrás de la denuncia anónima que provocó está acusación de presunto cohecho continuado puede haber intereses políticos. "Lo único que se busca es dañar la imagen de una persona", dijo.

Tras tomarle declaración a los tres investigados en esta causa, Severino Reguera, Rafael Louzán y su esposa Carmen Cores, el juez deberá decidir ahora si considera que existen indicios para abrir juicio oral, como le solicita el fiscal de delitos económicos de Pontevedra Augusto Santaló, o si, por el contrario, declara sobreseído el caso.

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