El administrador de la empresa Acsur R.J.D.G., acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, tras supuestamente realizar distintas acciones, ante la situación económica que atravesaba la entidad, "con la finalidad de perjudicar y hacer inviables" los derechos de unos 30 empleados en Córdoba, ha defendido ante el juez que él "no controlaba el tema laboral".

Durante su declaración en el juicio de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, que prevé continuar este miércoles, el procesado ha subrayado que "todo el día" estuvo intentando buscar "soluciones" ante la situación por la que atravesaba la empresa, de la que "nunca" ha sido "propietario a nivel personal", sino que ha ejercido como "administrador solidario" junto a otra persona, según ha apuntado, para apostillar que "las decisiones se tomaban al 50%".

En este sentido, ha explicado que cuando llegaron a la entidad, los trabajadores llevaban "cuatro o cinco meses sin cobrar las nóminas", misma situación que se daba con la Seguridad Social, así como con el pago pendiente a proveedores de "varios días", ha señalado.

Ante ello, ha afirmado que ellos reflotaron la empresa, de forma que "los empleados empezaron a cobrar", si bien ha indicado que Acsur participaba en "21 UTE" (Unión Temporal de Empresas), "la mayor parte en liquidación", de manera que una de ellas fue la que "provocó que embargaran" y hubiera "problemas".

Al respecto, ha detallado que cuando vieron que Acsur "no tenía viabilidad", se acordó "la segregación de rama de actividad", algo que es "muy difícil y costoso", todo ello de cara al "trasvase" de empleados, ha declarado el administrador, quien ha afirmado que la empresa tenía "embargos y muchas deudas".

Posteriormente, ha comentado que dejaron "presentado el concurso de acreedores", al tiempo que ha puntualizado que "todos dejaron de cobrar, porque no había ingresos, ni había actividad que realizar", a lo que ha añadido que él perdió su dinero y le "cortaron la luz de casa".

Tras mantener que el asesor laboral decidiría que no hubiera despido colectivo, el acusado ha defendido que los empleados estuvieron en la sede de la empresa porque él pagó "el alquiler" de la misma y en una nave, ubicada en otro lugar, se encontraban los materiales, aunque ha remarcado que él "no controlaba el tema laboral" en cuanto a la situación de los trabajadores.

El relato del fiscal

En concreto, la Fiscalía pide para el varón una pena de tres años de cárcel y multa de 6.750 euros para. Según recoge la calificación del Ministerio Público, la "mecánica" del procesado presuntamente consistió en dejar de abonar a los trabajadores los salarios correspondientes a las nóminas de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2013, así como la paga extraordinaria de diciembre de 2012.

Asimismo, el acusado desde el 25 de febrero de 2013 procedió a "dar vacaciones" a los trabajadores, si bien en determinados casos hubo personas que "llevaban ya 60 días en esta situación", al tiempo que "no dio ocupación efectiva a los trabajadores en alta y les mantuvo en una nave, sin suministro eléctrico, ni agua".

Igualmente, comunicó a los empleados que iniciaran una demanda de extinción de contrato "si querían poder acceder a una solución a su situación de precariedad laboral", de forma que supuestamente se les negó cualquier otra solución que emanase de la empresa, tales como un expediente de regulación de empleo extintivo o el despido individual.

Con esta actuación, "agravó voluntariamente la precaria situación de los trabajadores de la entidad, tratando de conseguir que solicitaran su baja voluntaria, renunciando a sus derechos al encontrarse en una situación tan precaria como la de no poder mantener a sus familias y sus obligaciones de pago", según detalla el fiscal.

Al mismo tiempo, agrega el escrito, "con la finalidad de eludir sus obligaciones", el acusado constituyó una mercantil, que es "una auténtica sucesión de la empresa, ocultando un efectivo cierre de empresa y continuando con la mercantil, creada con la única finalidad de exclusión de responsabilidades laborales, con un funcionamiento unitario, la prestación de trabajo común y la confusión de plantillas", al tiempo que asumió el contrato que tenía con la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa), "perjudicando los derechos de los trabajadores".

A juicio del Ministerio Público, de este modo el procesado "estaba ocultando un efectivo cierre de empresa o cese de sus actividades, sin la autorización laboral pertinente y sin utilizar los mecanismos legales para rescindir los contratos con sus trabajadores".